Peligro. ¡Escolleras!, por Javier Gómez-Acebo Lasso

Al decir una peligrosa instalación creemos no exagerar, porque a lo largo de toda la construcción, se repiten los carteles de peligro y prohibido el paso. Cualquiera que haya deambulado por la escollera o se haya acercado a ella, ha podido constatarlo. El riesgo de caída es grande y las esquinadas piedras y cortantes aristas no prometen nada bueno a quién, ignorando la prohibición, tenga un traspié y caiga.

Lo grave de esta construcción peligrosa, es que se ha efectuado justo en la mitad de una de las playas más populares de Santander, playa que hasta la fecha no era peligrosa, pues tratándose de una playa interior, carece de oleaje. Hoy, la han hecho artificialmente peligrosa, ya que el riesgo de accidente siempre existe y así lo proclaman los carteles desde sus propias entrañas. Sabemos que se nos podrá objetar, que para eso están las señales de peligro, pero claro no debemos olvidar y no deberían haber olvidado, que a la playa se va a descansar y a menudo a descansar de los niños, quienes hasta la fecha podían deambular libremente sólo con un ligero cuidado o atención de sus mayores. No somos capaces de imaginar una obra privada abierta al público con una introducción tan grande de peligro o riesgo, creemos que eso en nuestro país sería imposible. ¿Quién es capaz de imaginarse un centro deportivo, colegio o club con una instalación en el centro de este anunciando prohibición y peligrosidad? Evidentemente no se autorizaría su apertura o se obligaría a su cierre, sin perjuicio de que la responsabilidad de todo orden en que podrían incurrir los autores en caso de accidente serían innumerables. Un desafuero como este solamente es posible desde la irresponsabilidad de una administración como mínimo poco preocupada por la seguridad de los ciudadanos.

Como cuestión de interés, hemos de señalar que la depuración de responsabilidades en caso de accidente será compleja, pues se debatirá sí, haber puesto el cartel de peligro, es suficiente disculpa para quienes han tenido la, desde nuestro punto de vista insensatez, de introducir el riesgo. Poner un cartel en un sitio objetivamente peligroso, como puede ser un acantilado, quizás sea suficiente, pero convertir un sitio seguro, pacífico y tranquilo en un sitio peligroso no se conjura con un mero cartel. Las decenas de niños, perros y no niños que deambulan por la playa son una clara atracción del riesgo. No debemos olvidar que “accidente es un suceso imprevisto que altera la marcha prevista de las cosas y causa daños”. Es fácil imaginar un accidente pese a la prohibición, un niño que corre detrás de su balón, una señora que persigue a su sombrero, un chaval que se tira un cole desde las piedras… Podemos imaginar infinidad de supuestos y comprobar sus antecedentes en la jurisprudencia penal administrativa y civil y sorprendernos con la infinidad de casos que se producen. También adelantamos la eterna pregunta de los tribunales ¿quién ha introducido el riesgo?

Y dicho lo anterior cabe meditar sobre la insensatez del procedimiento constructivo, desde la redacción del proyecto y su elección, hasta la firma del contrato y su ejecución. Desgraciadamente si hay un accidente, quien lo tenga también sufrirá los padecimientos de un largo viacrucis procesal en el que nadie asumirá sus culpas y se la echarán al propio accidentado; en el que todos afirmaran no ser responsables y llegados este punto, en el supuesto de que hubiera de algún accidente, el dilema también se establecerá entre si los responsables son los políticos de la administración saliente o de la entrante.

No podemos concluir sin señalar, que el peligro indica claramente que es una obra inacabada, que en caso de que no se retire, requerirá un reformado de proyecto con su correspondiente ejecución y coste y a su vez lo que nos obliga a pensar, si el proyecto original estaba mal previsto por ignorancia, desconocimiento o ineptitud, o artificiosamente en busca del habitual reformado de proyecto e incremento de costes.

La responsabilidad administrativa es de la Demarcación de Costas, que pertenece a la administración del Estado, pero la política que anteriormente fue del Partido Popular, hoy le corresponde al PSOE que es el partido gobernante. Si hubiere accidente habrá presumiblemente responsabilidad penal, una herencia envenenada que les han dejado en la ensenada de la Magdalena.