Lógica, sentido común, indecencia e ilegalidad. Por Manuel Olmeda Carrasco

    Sobre lógica, la acepción sexta del DRAE dice: “Ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad”. No se precisa ser un lumbreras para interpretar correctamente el concepto como armonía de los esquemas mentales respecto a una realidad objetiva que se muestra sin alternativa, inobjetable. Solo podría mercadearse mediante un estraperlo semántico, furtivo y mezquino, que llevaría al aturdimiento social, causaría corrupción en conciencias laxas y acarrearía la ruina moral y material de una nación. Claramente, el buen juicio rechaza toda inferencia, por sibilina e histriónica que se presente la farsa, cuyo objetivo fuera confinar (vocablo muy repetido desde hace meses), proscribir, derechos democráticos. No lo es tanto que, tras décadas deseducando, nuestros congéneres sean capaces de luchar por su salvaguardia.

    Cuando el escenario, nacional e internacional, rebosa de contratiempos, de escollos que generan desasosiego, lo lógico sería conformar una comisión desideologizada, experta e interdisciplinar, para enfrentarse a ellos con eficiencia. No obstante, estos “próceres” pomposos muestran tal escasez de raciocinio y tan poca empatía que hacen imposible conjuntar objetivos e inversiones en una empresa común. Todos hablan de diálogo y consenso, pero blanden la escaramuza, el parapeto, no para mostrar sus diferencias sino como humillante arma electoral. Consideran (lo mismo aciertan) que el individuo vota con las entrañas y alimentan esa característica —hija de vicios mentales— para enlodar la democracia mientras esperan ostentar el poder eternamente. A resultas, los políticos se adueñan impunemente del sistema que vociferan servir.

      El diccionario citado, sobre sentido común, afirma: “Capacidad de entender o juzgar de forma razonable”. Aunque podamos estimarlo dúplica del primer vocablo, hay claros matices divergentes entrambos. Lógica tiene una arquitectura dinámica, formal, abstracta, sometida a leyes especulativas severas. En definitiva, existe solo en el plano teórico tanto desde un punto de vista afirmativo cuanto negativo. Sentido común constituye esa vestimenta sensible, corpórea, que presenta la lógica positiva. Pura acción. Viene recomendado para realizar actos pragmáticos, solventes, fructíferos. En ocasiones brilla por su ausencia recogiendo decepciones, reveses. Se dice, y la experiencia lo constata, que “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Ignoro (para ser considerado) si el proverbio abriga asignación general o si, en contraste, esconde cierta debilidad por la clase política, al menos en nuestro país.

     Creo, aparte otros desperfectos derivados, que el gobierno actual despliega graves déficits en lógica y en sentido común. Tal vez la mayor falta sea confundir tiempo y espacio en que se adscribe, amén de autoconsiderarse —presi y vice— estadistas únicos, personajes irrepetibles. El delirio, recíprocamente alimentado, termina chocando de forma irremisible, traumática, con la realidad. Además, sus pretensiones son tan opuestas que no caben en un mismo receptáculo. Sánchez gustaría, a falta de cuna, presidir la república, ser mandamás. Iglesias pretende presuntamente liderar el espacio comunista en España, transformarse en dictador totalitario (nazi), jefe supremo. Si bien acariciar ilusiones conforma un motor vital, consumir quimeras atrae desesperanzas incluso dejando bien cubierto el aspecto financiero. Solo Europa aterra al par y confiere fe a muchos españoles.

     Acierta quien piense que obrar sin sentido común es de ser mentecatos o indecentes. Otra probabilidad es remota si no inverosímil. Indecencia, acogiéndonos siempre al DRAE, significa: “Dicho o hecho vituperable o vergonzoso”. Algunos practican —quizás practicamos— una deshonestidad paradójica, liliputiense, folklórica, amable, propia de gentes que asientan su vida sobre flashes intrascendentes.  La indecencia profunda, aquella que consideramos inseparable de mezquindades e infortunios sociales, viene protagonizada por políticos o comunicadores cortos de empatía y nobleza. Desde mi punto de vista, esta mancha se sustenta en codicias irrefrenables o pruritos extemporáneos. Si las primeras pueden comprenderse, aunque sean injustificables, los segundos constituyen una auténtica vileza.

       Abundantes dichos indecentes compiten con lo aberrante. ¿Qué calificativo merece alguien cuya obsesión le pide exterminar a todo votante de PP, Vox y Ciudadanos? Otros lo hacen con el esperpento. Que sepamos, Zapatero proyectó la Ley de Memoria Histórica como factor de enfrentamiento social que Sánchez potencia al falsear su título original trocando Histórica por Democrática. Pese a ello, nuestro ejecutivo tiene la grotesca desfachatez de preocuparse por el lenguaje “guerracivilista” de Vox bajo la “mirada consentidora” del PP. Tal manipulación conforma una indecencia propagandística, corruptora, casi antidemocrática. El descaro promocional viene, como no, del periodismo ignaro o indecente, a elegir. Antonio Maestre despotricaba contra quien había dado orden de quitar en Madrid la placa de Largo Caballero (“un digno mandatario demócrata”) olvidando que había formado parte —entre otras cosas— del Consejo de Estado en la dictadura primorriverista para perseguir a militantes de CNT.

        Ilegalidad indica “acción contraria a la Ley”. En este sentido, el escenario se vuelve ilimitadamente enrevesado porque la interpretación de los textos legales —es decir, el enmarañamiento de los mismos— lleva e extremos hilarantes si no tuvieran amargas repercusiones. Es deplorable que un mismo presunto delito lleve aparejado absolución o pérdida de libertad, según el juez o Tribunal. Si a esto añadimos la ocupación de la judicatura, o su intento, por el poder ejecutivo, tendremos una pequeña idea del “rigor” que encierra la palabra ilegalidad. Es evidente que quien conforma el cuerpo legal (poder legislativo) es una élite del Parlamento cuyas propuestas son avaladas, cuando lo son, por toda la Cámara. Podríamos decir, desde este punto de vista, que el legislativo formaliza un poder de “botón”.

       La Historia muestra demasiados capítulos que recopilan el proceder ilegal del ciudadano español, su rebeldía. Tal vez sea una forma espontánea de liberación teniendo en cuenta el afán tiránico del poder. Sin embargo, dicha conducta puede considerarse nada ofensiva al Estado de Derecho ni perniciosa para la sociedad. Resulta una conmovedora licencia que se corresponde con el pataleo impulsivo. Diferente trascendencia y alcance tiene la actitud de los partidos hoy en el poder y quienes componen la oposición. Las leyes ajenas a la lógica o al sentido común —más allá del texto jurídico— son, aparte de un sinsentido, ilícitas e ilegítimas. Por ejemplo, el Estado de Alarma contraviene derechos fundamentales, entre ellos el de movilidad. Otra cosa es que gobierno (por comodidad) y oposición (por oportunismo futuro) lo prefieran al Estado de Excepción, legitimado por el régimen constitucional para prohibir toda actividad. Con matices diferenciadores, la proposición de ley para cambiar el CGPJ lleva parecido derrotero.