El Tribunal está Supremo
A la caótica situación política nacional, con un Presidente del Gobierno de España cada día más cercano al golpismo independentista, que a su labor de defender la legalidad que representa, se une ahora la torpeza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Que el Tribunal Constitucional sentenciaba en ocasiones al albur del clima político y las tendencias partidistas que arrojaba su composición, era sabido, pero que la confianza depositada en el Tribunal Supremo se vaya al garete, era lo que nos quedaba por ver en estos días. Y lo que es peor, se ha dejado flotando en el aire que los bancos corrigen al Tribunal Supremo cuando no les gusta una sentencia; dando pábulo, además, a la izquierda tramontana que nos gobierna.
Si la doctrina del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, anterior a esta reciente sentencia, establecía que este impuesto lo pagaba el cliente, el hipotecado, a qué viene que el propio Presidente de la Sala Contencioso Administrativo, Sr. Diez Picazo, admitiera a trámite este nuevo asunto que sólo podía tener por objeto la unificación de doctrina, unificación que se aplica para resolver asuntos en los que existan doctrinas contradictorias de las Audiencias Provinciales; aquí ya había doctrina del Tribunal Supremo, ese impuesto lo pagaba el cliente.
El Sr. Diez Picazo no ha estado fino con su actitud, pues ha mandado al traste uno de los pilares de todo sistema democrático, la seguridad jurídica; y si consideraba que este tema era conflictivo y quería sentar un criterio definitivo al respecto, debería haber convocado antes al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, treinta y un magistrados en vez de que resolviera una Sección de seis magistrados, e intentar dejar unificado un criterio para todos los asuntos que estén en trámite en las Audiencias Provinciales y en los Juzgados. Pero lo ha hecho al revés.
Y qué hacen ahora los bancos, los notarios, los clientes que están a punto de firmar un préstamo hipotecario, o que pasará al sistema financiero hasta el día 5 de noviembre, fecha de reunión del Pleno, porque no hay que olvidar otro principio, la igualdad ante la ley, por qué unos clientes han salido beneficiados con esa sentencia y los demás no, pues no me cabe duda que habrá revisión para dejar establecido que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lo pague el cliente.
Huelga decir que la banca se asustó he hizo urgentes llamadas a todos los resortes del poder político ante el monto que podía suponer la devolución a los clientes, se dice que entre 6.000 y 8.000 millones de euros. Esperemos que nos venga bien este susto, pues actualmente la banca está cayendo en los mismos yerros que en la burbuja anterior. No obstante, en todo caso, el Tribunal ha estado supremo y “l’ha liao parda”
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