El sistema público de pensiones, garantía de presente y futuro

No piden con ello nada más que algo que parece lógico para todos menos para quienes gobiernan, que la revalorización de las pensiones se actualice año a año conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Lo que reivindican los cerca de 9 millones de pensionistas es que la pensión pública suba cada año, al menos en la misma medida en que lo hacen los precios y garantizar su poder adquisitivo. Parece razonable que en el seno de una sociedad democrática las pensiones se equilibren conforme cambia el valor de aquello que se consume y no tengan que salir cada año a las calles a reivindicar este derecho.

La gestión de Mariano Rajoy ha hecho que los pensionistas pierdan poder adquisitivo año tras año. La subida de tan solo un 0,25% de las pensiones es un ataque frontal a los derechos de tantos hombres y mujeres que han dedicado todo su esfuerzo a contribuir con su capacidad al progreso de nuestro país. Hoy, lejos de verse recompensados por tantos años de trabajo y compromiso, comprueban como un Gobierno insensible no toma la iniciativa, pero tampoco escucha sus denuncias.

Atrás quedan los años más duros de la crisis económica en los que los pensionistas de este país han desempeñado un papel fundamental en el seno de sus familias, siendo en muchos casos el soporte principal para hijos y nietos, y en algunos extremos el único ingreso fijo mes a mes para la familia. Muchos de esos hogares no habrían podido afrontar la dureza con la que la crisis golpeó a nuestra economía y al mercado laboral. Garantizar las pensiones se convierte, por tanto también, en una cuestión de justicia social.

Consolidar y mantener un sistema público de pensiones es la mejor garantía de la fortaleza del Estado del Bienestar, el mejor exponente para demostrar la corresponsabilidad entre el esfuerzo económico y laboral con el que un ciudadano contribuye toda su vida al Estado y como éste, le protege y devuelve ese esfuerzo en su jubilación.

La revalorización de las pensiones no solo es una cuestión de justicia, es también una forma de garantizar el consumo y la actividad económica, en una sociedad, como la española, donde los pensionistas ocupan un espacio social y económico muy relevante. Hoy, hay la mitad de pensionistas que personas trabajando, y en muchos casos con pensiones más altas que los salarios que reciben miles de jóvenes. Estos datos dan una idea aproximada de lo que representan en términos de contribución al consumo, al empleo y a la generación de actividad este sector. Por eso, es tan necesario que se entienda y escuche su voz. La voz de la justicia social y de la decencia. Porque de eso se trata, una sociedad decente que no deja a nadie atrás y que valora y respeta el papel que, en cada tiempo, nos corresponde asumir.