San Miguel de Aguayo promueve una modificación del PGOU para proteger su suelo de los parques eólicos

La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional publica este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el informe ambiental estratégico de esa modificación del PGOU de San Miguel de Aguayo con la que el Consistorio busca la protección de los valores ambientales y paisajísticos del municipio, para lo que introduce una serie de particularidades o prohibiciones expresas de construcciones y actividades que perjudiquen esos valores.

Con este procedimiento, el Ayuntamiento también trata de adaptar su planeamiento, aprobado definitivamente en 2012, a la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA) de 2022.

En su solicitud para la evaluación ambiental de la modificación del PGOU, el Ayuntamiento que encabeza el socialista Eduardo Gutiérrez detalla que se quiere dotar de una mayor seguridad jurídica la ordenación que el suelo rústico de especial protección contempla en su planeamiento en vigor.

Así, la Administración local sostiene que, conforme a su planeamiento urbanístico, "no cabe la construcción de elementos o instalaciones como los parques eólicos ni actuaciones de similares características, en ámbitos de suelos rústicos de especial protección ecológica, forestal, de ribera o paisajística, especialmente cuando se trata de paisajes protegidos".

Insiste en que la LOTUCA establece que, para autorizar construcciones y usos en suelos rústicos de especial protección, se tendrá en cuenta "el principio de que las construcciones autorizables no lesionen de manera importante o sustancial el valor que fundamentó la clasificación del suelo como protegido".

En consecuencia, añade que, dado que "este tipo de construcciones lesionarían de manera importante o sustancial los valores de estos suelos, no debería autorizarse su construcción, tanto por lo establecido en la legislación urbanística de Cantabria, como por la ordenación contemplada en el PGOU de San Miguel de Aguayo".

Desde el Consistorio anotan que "el Gobierno de Cantabria y la Administración del Estado han aprobado una serie de autorizaciones y concesiones para la implantación de parques eólicos en suelos rústicos de especial protección ubicados en el municipio, en contra del criterio e interpretación que este Ayuntamiento hace de la legislación urbanística y de su planeamiento urbanístico".

Y añade que, ante la "importante conflictividad judicial" derivada de esas autorizaciones y concesiones, el Ayuntamiento se ve obligado a "llevar a cabo una modificación del PGOU que recoja una ordenación que garantice una mayor seguridad jurídica".

Por ello, la modificación pretende dotar de protección específica y efectiva a los suelos rústicos de especial protección, velando por la conservación de los valores naturales y paisajísticos derivados del carácter rural intrínseco del municipio.

Y, para tal fin, se introducen una serie de particularidades o prohibiciones expresas en los suelos rústicos de especial protección, fundamentalmente en los de protección ecológica, forestal, de ribera y paisajística, para impedir que en los mismos se puedan llevar a cabo construcciones o realizar actividades que perjudiquen su calidad ambiental y paisajística lesionando el valor que fundamentó su clasificación.

A finales de diciembre de 2024, el Consistorio procedió a presentar la documentación ambiental para la modificación del PGOU ante la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y el departamento que dirige Roberto Media inició el trámite de consultas a organismos de la Administración del Estado, del propio Gobierno autonómico y entidades interesadas.

De esas consultas, según se detalla en la publicación del BOC, se concluye que la modificación puntual del PGOU impulsada por el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo "no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente".

Se comunica asimismo al Consistorio que esa modificación urbanística no requiere de procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y que el informe ambiental estratégico perderá su vigencia en un plazo de cuatro años desde su publicación si no se hubiera procedido en ese periodo a la aprobación de la modificación puntual del PGOU.