El Gobierno de Cantabria crea una deducción de 500 euros para quienes alquilen pisos por menos de 1.000 euros

Se trata de una ventaja dirigida a "pequeños propietarios" que no tengan más de tres viviendas para tratar de poner a disposición alquileres a precio "razonable". Por ello, se han fijado como tope los 1.000 euros pensando en las zonas más caras y "con más presión" como puede ser Santander, ha explicado este miércoles la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que ha dicho que se ha copiado esta medida de otras comunidades donde está "dando resultados"

Y es que, como ha destacado, en Cantabria hay "50.000 viviendas cerradas" cuyos propietarios no ponen en alquiler "porque no se dan las condiciones de seguridad pública o de incentivos para que lo hagan", en un contexto en el que el acceso a la vivienda es "un problema de toda España".

En su opinión, la medida "más útil" para combatirlo sería que el Gobierno de España retirara su Ley de Vivienda, que ha tildado de "absolutamente perniciosa y que está produciendo unos efectos contrarios a los perseguidos", ya que "protege al okupa", genera inseguridad jurídica" y "lo que hace es contraer el mercado". "Por lo tanto, hay menos vivienda, hay más demanda y se disparan los precios", ha resumido.

Para "contrarrestar los efectos" de esta norma, la presidenta ha apostado por "echar toda la carne en el asador y actuar en todos los frentes" desde la comunidad, que ya trabaja de cara a aprobar su Ley de Vivienda autonómica.

"En vez de intervenir el mercado, en vez de topar alquileres, en vez de prohibir viviendas turísticas, yo creo que las medidas tienen que venir del lado del incentivo", ha insistido Buruaga, que ha hablado sobre esta nueva deducción a preguntas de la prensa tras el acto de firma del acuerdo con el PRC para sacar adelante los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2025.

Entre las medidas por las que viene apostando su Gobierno en esta materia, ha enumerado el incremento del parque público de viviendas a precios asequibles, especialmente en régimen de alquiler; una nueva partida de 1,5 millones de euros para rehabilitar edificios de titularidad pública, sobre todo en zonas rurales; o ventajas fiscales en los impuestos que gravan la compra de vivienda de segunda mano y la firma de la hipoteca.