Cantabria recurrirá el reparto de menores migrantes porque el decreto "no busca su protección"

El Ejecutivo cántabro (PP) recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto que establece la distribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades al considerar que se vulneran competencias autonómicas y derechos como la protección del menor.

"El Gobierno de (Pedro) Sánchez no busca la protección del menor. El interés superior del menor es el menor de los intereses del Gobierno de Sánchez, que trata a estos menores extranjeros no acompañados como mercancía", ha señalado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río.

Se ha explicado así preguntas de los periodistas este viernes, un día después de que el Gobierno regional autorizara en su reunión semanal la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante al alto tribunal contra el decreto que regula el reparto de estos menores.

La autorización del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga a sus servicios jurídicos para interponer el recurso -el plazo acaba el 23 de octubre- se fundamenta en la "posible extralimitación competencial" del Estado, ya que el decreto se apoya en un real decreto ley que está recurrido ante el Constitucional por once comunidades, incluida Cantabria y también Castilla-La Mancha (PSOE).

Así, podría vulnerar diversos artículos de la Constitución Española y, además, se han detectado "defectos" en la tramitación que podrían "viciar de nulidad" la norma, según acordó el Consejo de Gobierno.

La consejera del ramo ha explicado que se ha decidido recurrir el decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados -de los que 156 está previsto que sean acogidos en Cantabria y de los que no se sabe "nada" aún- al considerar que la "la imposición" en que se basa "no es el camino", y "por congruencia" también, al haber impugnado ya la norma anterior.

"Creemos que no es la forma de actuar", ha indicado Gómez del Río, para quien con el proceder del Ejecutivo central "no se protegen" los menores" ni se adoptan las "debidas" medidas para ello así como tampoco para "evitar esta mafia que se está provocando con los menores".

En este punto, ha criticado que el procedimiento establecido no tiene en cuenta las necesidades de los afectados en términos de protección, integración, sanidad o educación, así como tampoco las instalaciones, recursos y capacidad de acogida de las autonomías, sino que se basa en una decisión adoptada "unilateralmente" por el Estado y en la "imposición" a las comunidades tras la "negociación" con Cataluña y País Vasco, que quedaron fuera del reparto. "Se trata a los menores como mercancía y moneda de cambio", ha reiterado.

"El Gobierno de Sánchez, sin consultar, impone el número de menores que tenemos que proteger, sin habernos preguntado ni consultado", ha insistido Gómez del Río, para contraponer así que mientras Cantabria busca "el interés superior del menor", éste es "el menor de los intereses del señor Sánchez", que "no busca proteger, busca negociar".

Por eso el Ejecutivo del PP recurre el decreto y, ha advertido para finalizar, seguirá "impugnando, recurriendo todas aquellas normas que entendemos que no es el mecanismo adecuado para proteger a los menores".

La consejera ha hecho estas declaraciones tras la presentación del 'Encuentro ciudadano Salud y Fisioterapia'.