Sanidad asegura que pasan 48 horas como máximo entre sospecha de contagio y la prueba de COVID-19
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que el tiempo medio entre que se detecta un sospechoso de COVID-19 y se realiza la prueba diagnóstica es "máximo" de dos días, y que incluso algunas comunidades autónomas completan este proceso en apenas 24 horas.
En este sentido, ha apuntado que se está realizando el diagnóstico por PCR a más del 80 por ciento de los casos sospechosos en estos momentos, con un grado de positividad "muy bajo", tal y como ha recordado en alguna ocasión el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.
"Se hace mucho hincapié en todos los mecanismos de detección precoz. La covid será enfermedad de declaración obligatoria urgente. Se estipulan medidas para responder a un rebrote", ha explicado en referencia al Decreto de \'nueva normalidad\' aprobado este martes en el Consejo de Ministros, que establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad a las CCAA de facilitar a la autoridades sanitarias competentes todos los datos necesarios para el seguimiento y vigilancia epidemiológica del COVID-19.
Al mismo tiempo, el Decreto recoge que las comunidades autónomas tendrán que garantizar que, en todos los niveles de asistencia y especialmente en Atención Primaria, a todos los casos sospechosos de coronavirus se les realizará un test PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, así como toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se establezca por las unidades de salud pública.
Respecto a las medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario, el Decreto señala que las comunidades autónomas tendrán que garantizar un número suficiente de profesionales sanitarios involucrados en la prevención y control del COVID-19, su diagnóstico temprano, la atención de casos y la vigilancia epidemiológica.
Asimismo, los centros de Atención Primaria y los hospitales tendrán que contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad para responder ante incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número de casos.
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