Por fin.

      Como ya se anticipó, el acuerdo solo se ha logrado cuando el Partido Popular ha llegado al Gobierno de la Nación. Aún así, hay que reconocer que se ha dejado pelos en la gatera. Ha renunciado en su tenaz empeño de llevar al Constitucional a Enrique López, exportavoz del CGPJ, a quien ha sustituido por Andrés Ollero un exdiputado de su partido, claramente en contra del matrimonio homosexual, pero con mayor prestigio en el ámbito jurídico que el radical López.

   También el PSOE ha tenido que dejarse en el camino el nombre de Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado con Zapatero, que producía verdadero sarpullido a los populares. A cambio colocan a un catedrático de Derecho del Trabajo de la Complutense de Madrid que criticó severamente la reforma laboral del PP y se sumó a la huelga contra la misma.

   Aunque en el PP no tienen especial obcecación en que salga adelante su recurso contra el matrimonio gay, incluso el ministro de Justicia Ruiz Gallardón no dudó de su constitucionalidad, hay otros recursos como el de la ley del aborto que si quieren ganar a toda costa.

   Curiosamente una de las candidatas de los socialistas, la catalana Encarna Roca i Trias, era una propuesta de CiU a la que el PSOE ha dejado hueco para que esta formación tenga voz en el Constitucional. Roca es una jurista de reconocido prestigio con una brillante carrera profesional a sus espaldas. Llama la atención que, estando los convergentes en tan buena sintonía con el PP de Rajoy, haya tenido que ser el PSOE el que acepte incluir en su terna a una candidata suya.

   Como Defensora del Pueblo el acuerdo se ha logrado en torno a la figura de Soledad Becerril, una mujer que ha sido pionera en importantes cargos políticos. Fue la primera ministra de la democracia con Adolfo Suarez, la primera alcaldesa de Sevilla y ahora presidirá (también es la  primera mujer en hacerlo) una institución tan democrática como la de atender las reclamaciones de los ciudadanos contra los excesos del poder político. De segundo el PSOE ha recompensado a Francisco Fernández Marugan, al que después de años y años en la Carrera de San Jerónimo, dejaron fuera de las listas por las batallas internas. Tradicional responsable económico del grupo socialista, han tenido que recurrir a él,  después de apartarle, para que les ayudara con las enmiendas a los presupuestos presentados por Rajoy.

   También Izquierda Unida ha logrado "colocar" a uno de los suyos en el Tribunal de Cuentas, gracias al PSOE. Se trata de María Antonia Lozano.

   Acaba pues un periodo vergonzoso de transitoriedad en los principales órganos de la democracia. Los dos principales partidos han contribuido al desprestigio de instituciones claves del Estado. Solo falta que se resuelva el escándalo, puesto en evidencia por los gastos de Divar, del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Y no parece que De Rosa, con sus viajes a la Patagonia, sea el candidato idóneo para presidir el órgano de Gobierno de los jueces.