Injustificable Justicia

Cuando la evidencia hay que recordarla con cierta asiduidad, ante la pasividad de los poderes públicos, nadie se rasga las vestiduras porque, como esta actitud parece que no va con ellos, mientras bordean los límites de la legalidad, significa que el andamio solicitado no está bien montado y el edificio puede venirse abajo. Quizás estas palabras puedan sonar algo intolerantes, incluso insolentes; sin embargo, a lo que conducen es a pensar que aquellos funcionarios competentes en los que descansa la legalidad vigente cuando tienen que actuar de oficio, eluden sus responsabilidades, miran hacia otro lado, se encogen de hombros, actúan con una afirmación, según aquello que le dicte el gobierno, lo cual es un auténtico sarcasmo.

Cataluña que, durante el régimen predemocrático, antaño región, hogaño autonomía, fue la niña bonita de la inversión española, aunque lo niegan hipócritamente, una bicoca que duró treinta y seis años, se dice bien, mientras otras regiones paupérrimas sobrevivían con muchísimo menos, que no hace falta nombrarlas, porque con un simple vistazo a los libros de la auténtica Historia, sería suficiente para recordar datos que dan auténtica vergüenza ajena. Unas regiones obligadas a la fuerza a que sus impuestos se desviaran para hacer posible el milagro florecido, que llaman catalán, sin acordarse de ser agradecida ningún momento después. Es más, como defensa catalana, se inventó, nunca mejor dicho, un eslogan que sirvió, pero sólo hasta que salieron la luz los tejes y manejes de las cuentas de sus gobernantes, incluidas las de los paraísos fiscales, y que dio el resultado apetecido: "España nos roba".

Con el cambio de régimen, que lo ha sido solamente para algunos, los de siempre, los llamados currantes de toda la vida, sus primitivos incitadores pensaron continuar, y lo consiguieron. Su decisión se basaba en que, aunque habían variado las circunstancias temporales, con el andamiaje proyectado, podrían continuar haciendo el mismo chantaje hasta que, por ejemplo, se descubrieran sus cartas, casi lacrimógenas. Han transcurrido treinta y ocho años más haciendo creer que, esta autonomía, seguía siendo víctima sin que ninguna persona responsable, no tenían tiempo material, haya frenado este saqueo, porque todos los partidos políticos, sin excepción, les ha interesado articular una alianza con el mismo frente común, mientras el resto de las autonomías recibían del Estado las migajas.

Pero hete aquí que el penúltimo capítulo de esta Historia se está escribiendo actualmente desde hace varios años con más ímpetu, echando más madera al fuego, sin que nadie juicioso se mueva, no llame la atención ni ejerza la función de respetar y hacer respetar la Constitución española, que han jurado o prometido al hacerse cargo de su sillón aforado de oro cuando alguien, no una persona cualquiera, cuyo escándalo sería menor, cuyos huesos darían en la cárcel, sino todo un presidente autonómico, todo um Molto Honorable cuyas palabras, según se lee en la prensa diaria, incitan a cometer, por un lado, alta traición y, por otro, rebeldía contra el Estado español.

Es como si, de pronto, todas y cada una de las autoridades españolas se hubieran puesto de acuerdo en olvidar que existe un diccionario de la R.A.E. en el cual se expresa el significado de las palabras traición y rebeldía, figuras delictivas que sanciona el Código Civil y el Código de Justicia Militar, favoreciéndoles el hecho que en la época actual haya variado tanto la escala de valores morales que hasta el hecho de traicionar, el simple hecho de rebelarse contra el orden establecido, contra lo jurado o contra lo prometido se considera minusvalorado, una minucia, tanto que el propio Gobierno no puede, no sabe, no tiene fuerzas suficientes para tomar las medidas legales necesarias y adecuadas para que no se siga por el camino del engaño hacia la equivocación sin posible remedio. Razones más que suficientes por las que se debería suspender, ya que no lo hizo a su debido tiempo, esta autonomía porque es Cataluña, comenzando por  Jorge Pujol y continuando por Arturo Mas, quién roba a España.

Tras haber analizado la economía de la comunidad catalana en estos últimos treinta y ocho años, se ve que la conspiración de los diferentes gestores ha dejado al descubierto que son incompetentes, poco serios, que gastan más que lo que reciben, que despilfarran dinero a espuertas persiguiendo una quimera. En política, con mayúsculas, se echa de menos los discursos inteligentes. Lo habitual es que se hagan discursos populistas, que nada aportan a la evolución de la inteligencia humana. En cuanto a las encuestas que manejan los magos de la irrealidad, ¿se ha hecho hincapié en cuántas personas con respuesta afirmativa tiene estudios universitarios, cuántos estudios primarios, cuántos son capaces de realizar lectura comprensiva, cuántos analfabetos funcionales, cuántos constituyen la raíz de la población autonómica catalana? Sin hablar de los inmigrantes y sus descendientes, acogidos todos ellos a ayudas sociales in aeternum para sobrevivir. Y, por supuesto, sin tener en cuenta la pregunta sobre qué idioma se habla prioritariamente en la calle, no en sus instituciones autonómicas. Es posible que se los encuestadores se asustarían llevándose las manos a la cabeza al tener que reconocer que el idioma Cervantes, castellano de pura cepa, es conocido y reconocido mundialmente, idioma que, por su número de hispanoparlantes, merece la pena invertir y recoger fritos, sin pérdidas.

Toda declaración de independencia es manifiestamente eufórica hasta que, con el paso de los días, se transforma en la cruda realidad de unos daños colaterales imprevistos que amargan la existencia, a ambas partes, durante varias generaciones. Mal que les pese a ciertos políticos catalanes, saltándose el articulado de la Carta Magna, no deben olvidar que aún está a tiempo de ejercer como tal el Gobierno central, está tardando mucho, hasta ahora en el límite de convertirse en compañero de viaje, hasta ahora indeciso en la aplicación de la Ley, lo que muestra un desgaste innecesario, un desmerecimiento institucional y, por último, que el Ejército español, así lo dice la Constitución en su artículo 8º, aún no ha dicho la última palabra, como garante de la unidad territorial del reino de España.