Gobierno Insignificante.

La importancia de España y su gobierno ha venido a menos hasta el punto de convertirse en completamente insignificante.

Buena prueba de nuestra irrelevancia internacional la dan dos hechos recientes. El primero, que en Marruecos sus ciudadanos, animados por el su gobierno –allí nada ocurre de otra manera-, organizan manifestaciones contra la prensa libre española y contra el Partido Popular, sí contra la oposición política del país vecino, no pierden el tiempo contra un gobierno irrelevante.

Ante Marruecos, el socialismo gobernante, ha abandonado a los saharauis, en su enésima impostura, y la monarquía alauí, responde a la cobardía de Zapatero anunciando cortes de agua en Ceuta y Melilla y nuevas manifestaciones anexionistas. Roma no paga traidores.

El segundo hecho internacional que prueba la inexistencia gubernamental es la intervención tácita que vivimos. Nos han expropiado la política económica desde la Unión Europea por incapacidad manifiesta de autogestión.

Íbamos a cambiar el mundo, con presidencias planetarias y con alianzas entre civilizaciones reñidas durante milenios y que ZP iba a apañar en una legislatura –lo del Sahara anunció que lo arreglaba en seis meses-, y nos hemos quedado en nada, en meros observadores de cómo otros gestionan nuestros intereses y deciden si el recorte se lo aplican a nuestros padres o a nuestros hijos.

Pero nuestra insignificancia internacional es solo el reflejo tardío de la incoherencia y la inoperancia interior.

España vive en estado de alarma, tras 32 años de una Constitución que ha sido vulnerada sistemáticamente en estas dos legislaturas.

Ahora que se ha celebrado el aniversario de la Carta Magna hay que recordar que las principales agresiones a su contenido se han propiciado desde el propio gobierno, y quién recurre ante el Tribunal Constitucional pidiendo su cumplimiento es el Partido Popular y no el ejecutivo socialista.

Solo la más conocida de las sentencias a recursos de inconstitucionalidad de la oposición, la referida al Estatut, declaraba que quince de sus artículos estaban fuera de la Constitución y otros 35 debían ser reinterpretados.

En estos seis años y medio el Tribunal Constitucional ha tenido que recordarle al gobierno de Zapatero que en el pacto constitucional de 1978, refrendado por el 88% de los españoles, y hasta por el 91% de los que vivían en Cataluña, no se pueden declarar nuevas naciones, ni impedir el uso de la lengua común, ni fraccionar el poder judicial, ni quebrar la solidaridad fiscal entre españoles.

Todas estas vulneraciones normativas suponen que no nos hemos respetado a nosotros mismos, por eso no nos respetan fuera, y nuestro gobierno ha devenido en insignificante, dentro y fuera.

Miguel Barrachina Ros
Diputado y miembro Comisión Constitucional del Congreso