Vigencia del golpe de Estado del 11M. Por ALFONSO CAMPUZANO

Han pasado más de tres lustros desde que, en una mañana de marzo de 2004, previa a unas elecciones generales, se inició la desestabilización de la partitocracia, tras cuatro decenios preconstitucionales, mediante una masacre producida en varios vagones bomba, que hoy día vive la ciudadanía española.

El tiempo, aparte de que pone todo en el lugar que le corresponde, descubre hechos que, aunque estén a la vista, no se ven correctamente, sobre todo cuando intereses partidistas y sectarios ayudan a manipular la evidencia.

Las pruebas de la masacre del 11M formaban un grupo de cuatro vagones de tren que circulaban por la Red de Cercanías de Madrid que, transcurridos ocho años, y sin justificación posible, ya habían sido destruido tres, por lo que tan sólo restaba uno almacenado, y sin que aparentemente hubiera sido analizado. Así que, Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, ordenó destruir el último indicio irrebatible y concluyente, porque la realidad era tozuda y contraria a la versión oficial, quedando el caso amputado, y sin solución más que para quienes ordenaron aquella matanza financiada.

Un grupo/club dio un golpe de Estado civil, que la instrucción, pese a que teóricamente investigó, pero no reflexionó ante las pruebas con patas, ya que buscó la versión política que más interesaba, pensando en que fuera posible que jamás se supiera la verdad de lo ocurrido. En aquella fecha, como actualmente, a pesar de que la sentencia judicial resultó patética por las graves anomalías, irregularidades, abusos, la pregunta continúa siendo la misma: ¿qué mente tramposa y criminal imaginó y puso en práctica la vivencia de aquella macroagresión ferroviaria?

Con la vista puesta en los años transcurridos, la respuesta puede estar a la vuelta de la esquina, gracias a una documentación providencial que comenzó a aparecer en las redes sociales en julio de 2019, a modo de vídeos, sobre un entramado de corrupción judicial en la región catalana que, en su diversificación, convergía en este particular atentado.

Si detrás de las múltiples versiones sobre el golpe de Estado militar del 23F –23 de febrero de 1982– una de ellas se extendía sobre la conspiración del partido político PSOE –como han dejado una constancia clara, negro sobre blanco, libros y artículos, durante los últimos cuarenta años–, cuya genética pura y dura, además de analizada a través de la historia desde su fundación, ¿por qué no iba a estar en el encargo del caso 11M?

Para ello, el ‘Expediente Royuela’ es más explícito y ayuda a desentrañar los enlaces ocultos de una realidad terca, en la que desvela el secreto de alcanzar el poder, sin importar vender su alma, lo mismo que ocurrió con los G.A.L. –léase Grupos Antiterroristas de Liberación–, de infausto recuerdo por su connotación de guerra sucia o terrorismo de Estado (vídeo 27, vídeo, 58, vídeo 74, vídeo 103). Y, las víctimas, hasta el momento, censuradas, excluidas, difamadas, menospreciadas, y demás denominaciones irreflexivas.

Y últimamente con el descubrimiento de varias fosas comunes constitucionales –tres, por ahora–, localizadas en Mequinenza, municipio de Zaragoza, Vinaroz, municipio de Castellón, la tercera está apunto de ser nombrada, pero en otro capítulo.

Después de todo, ¿quién continúa engañando a quién?, aunque posiblemente por poco tiempo si la Fiscalía General del Estado actúa en consecuencia, haciendo que se vea que su trabajo merece el sueldo que pagan los contribuyentes con sus impuestos.

En Valladolid a 11 de marzo de 2021