Pedro Sánchez y sus seguidores en Cantabria Por María José Sáenz de Buruaga Presidenta del Partido Popular de Cantabria

El atrevimiento ha sido el principal principio político del presidente Pedro Sánchez ya desde que estaba en la oposición. Un exceso de tacticismo por parte del PNV en 2018 (cuando ya tenía los Presupuestos del Estado pactados con el PP) le hizo triunfar en una moción de censura. Desde entonces, la inestabilidad, el desorden y el desgobierno son la norma, aparte de un afán muy poco democrático de ocupación de todas las esferas del estado: quiere controlar el legislativo, el ejecutivo y también el judicial, el constitucional, las fiscalías, lo que publican los diversos medios de comunicación? Un proyecto de poder absoluto como España no ha conocido desde la Transición.

Para llevarlo a cabo, el PSOE de Sánchez no tiene votos ni escaños bastantes y, por ello, el precio que paga son las cesiones constantes al radicalismo de izquierda y a los independentistas, tanto los antiguos compañeros de viaje de ETA en País Vasco y Navarra, como a los secesionistas y malversadores de caudales públicos en Cataluña. Las sucesivas leyes y presupuestos del Estado, como los últimos aprobados, vienen mostrando esa realidad política, que alarma a un número creciente de españoles y, por supuesto, de cántabros.

Las cesiones al radicalismo podemita han llevado a chapuzas legales como la llamada "ley del solo sí es sí", que está generando que numerosos agresores sexuales vean reducidas sus penas, para horror y trauma psicológico de sus víctimas.

En vez de corregir el texto legal con alguna medida de urgencia (cuando quieren, bien que las aplican, porque Pedro Sánchez tiene posiblemente el récord de España de decretos-ley), como les hemos pedido desde el PP, el presidente del Gobierno ha preferido encubrir la incapacidad de gestión de sus socios, muy especialmente de la ministra responsable, la señora Irene Montero, dejando totalmente desasistidas a las víctimas y amparando los insultos a los jueces y magistrados, algo realmente inaudito en cuatro décadas de democracia.

Todo esto es algo incalificable que indigna a una mayoría de la población española, incluidos muchos votantes de izquierda. Porque el sentido de la justicia no es de izquierdas ni de derechas: o se tiene o no se tiene, y está claro que algunos de los que nos gobiernan no lo tienen tan desarrollado como para ponerlo por encima de su oportunismo político.

A su vez, las cesiones a los independentistas han llevado a Sánchez a complacer a los herederos políticos de ETA reduciendo las competencias de la Guardia Civil en Navarra (comunidad de la que dichos partidos quieren expulsarla), causando una desazón profunda entre los navarros y españoles.

Por otro lado, el proyecto de poder de Pedro Sánchez requiere también una amnistía encubierta a los responsables de la secesión y la malversación de dinero público en la proclamación de la independencia de Cataluña del año 2017. El presidente del Gobierno pretende abaratar futuros ataques a la Constitución por parte de personas que han insistido en que lo volverán a hacer y, al mismo tiempo, impedir que tanto éstos, como los miembros de su partido que se han llevado el dinero de los parados a manos llenas, afronten las consecuencias económicas de haber malversado en gastos completamente ilegales.

En definitiva, vaciar la presencia del Estado en España, dejarla indefensa ante quienes quieren destruirla y rendir a todos los españoles. ¡No lo vamos a consentir!

Mientras, en Cantabria observamos a unos socios regionalistas, con Miguel Ángel Revilla al frente, que gobiernan felices con el PSOE de Sánchez, apoyan felices estos presupuestos pactados con radicales e independentistas a cambio de las mencionadas concesiones, y se están haciendo corresponsables de medidas que a la sociedad de Cantabria, como sociedad centrada y democrática, le causan una profunda perturbación. Desde luego puedo garantizar que el Partido Popular se opondrá a esta deriva del sanchismo y también se opondrá a que Cantabria sea una comparsa festivalera de una política que no es buena para el país ni, por tanto, lo será para nuestra comunidad.