Desencanto de la ‘Ley Celaá’, por Jesús Salamanca Alonso

En el falso debate de la que puede ser la nueva ley de educación, el objetivo del Gobierno es más que evidente: derribar la educación concertada. La “Ley Celaá”, haciendo ‘honor’ al apellido de la todavía ministra de educación, es también una bomba a corto plazo que pretende acabar reventando cualquier modelo educativo que no sea el público. Ello lleva aparejado el destrozo del derecho de los padres a elegir el centro educativo de sus retoños, además del tipo de enseñanza que desean para ellos. No permitir hacer esa elección en libertad es atentar contra la libertad, contra uno de los derechos humanos, contra la propia Constitución y contra la dignidad de la comunidad educativa.

La libertad de enseñanza es un pilar importante en nuestra sociedad democrática. El derribo de ese pilar no puede consentirse así, sin más, y sin dar batalla en cuantos frentes sea necesario. Es el momento de plantar cara al descentrado Gobierno socialcomunista cuya gestión, también en educación, alcanza unos límites tan nefastos como los que alcanzó durante la crisis sanitaria, llegando a cometer numerosos actos de negligencia, incluso con resultado de muerte. Pero ese es otro tema que seguiremos abordando en otro momento.

Es cierto que aún queda una esperanza con la “Ley Celaá” porque aún falta la tramitación en el Senado. Éste es el momento de potenciar las movilizaciones pacíficas y con todos los resortes democráticos. Si los sindicatos de clase se han desmarcado de esta nueva ley porque el Ministerio de Educación no ha dado cancha a la comunidad educativa, debe ser la sociedad civil que coja el banderín de enganche e intente convertir en clamor social cada una de las movilizaciones. Nunca es tarde para frenarla.

No puedo entender que, en una sociedad democrática y desarrollada como la nuestra, pretenda el Estado alcanzar el pleno control de la educación de nuestros hijos. No es de recibo que pretendan planificar el futuro de las nuevas generaciones para su adoctrinamiento con tintes negros basados en el odio socialcomunista. Y, como no podía ser de otra forma, me viene a la mente la famosa gallina desplumada de Stalin: se hace daño al pueblo y a continuación se le contenta con un mendrugo de pan y se le vuelve a dar otro trozo de pan cuando ‘píe’ de nuevo, haciéndole saber que gracias al comunismo está vivo. Ese sistema totalitario, de odio creciente y puño amenazante, “te rompe las piernas, te regala unas muletas inservibles y luego te convence de que gracias a ellos caminas”. Tras eso llegaría su perpetuación en el poder y por ahí no va a pasar la sociedad española.

La “Ley Celaá” fomenta solo la enseñanza pública, limita las repeticiones en primaria y secundaria, rebaja y medio regala el bachillerato, intenta un engañoso reequilibrio de las competencias entre el Gobierno central y las comunidades y permite que el español o castellano deje de ser lengua vehicular. Pero voy más allá: el texto de la ley es malo de solemnidad y se ha empeorado en el falso debate parlamentario porque se ha mercadeado con la educación; es decir, ha sido un toma y daca entre Gobierno y formaciones independentistas, nacionalistas, golpistas y otras minorías ‘ansiosas’ a las que siempre se acaba engañando.

Estamos, pues, ante la que puede llegar a ser la octava ley educativa de nuestra democracia. Sí, estoy hablando de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación). No es una nueva ley sino una revisión, relectura o plagio de una ley anterior. Esto no es nuevo porque tras la LOGSE siempre se ha reescrito sobre la precedente ley y no siempre se ha mejorado lo anterior. Si la LOE del año 2006 fue un fracaso, esta LOMLOE no va a destacar por ser mejor a la vista de cómo aborda cuestiones importantes del sistema educativo. Eso lo tratamos la próxima semana.

Si la intención de Isabel Celaá era hacer caso al Gobierno y contentar a los socios para que apoyen los presupuestos del ejercicio económico 2021, parece que lo ha conseguido aunque echándose a la espalda a la sociedad civil que, dicho sea de paso,  se lo recordaremos tan pronto y tantas veces como sea posible. Estoy convencido que Celaá no se ha percatado de muchas cuestiones importantes de futuro ni siquiera sabe que ha dinamitado el sistema educativo. Incluso no falta quien dice que “esta ley es innecesariamente cruel y demuestra una falta de empatía absoluta con un colectivo, el de la Educación Especial, que ha desaparecido del texto y ha sido directamente condenado a la nada absoluta”, en palabras de Ignacio Llorente, abogado especialista en Derecho Educativo.

La ministra de educación ha dado una bofetada a la participación y al sentido común de la comunidad educativa, a la vez que ha demostrado la torpeza que en ella es habitual; esa torpeza de la que ya le advirtieron sus compañeros docentes cuando fue nombrada ministra.  El caso es que Celaá ha atentado contra la libertad de educación y, dado el pilar que la educación supone para las sociedades, lo ha hecho contra la libertad en general. Una vez más, se ha desaprovechado la oportunidad de un pacto educativo y la nueva ley llega en un momento desacertado, descabellado, catastrófico, aciago y calamitoso: llega en plena pandemia.

Finalmente, indicar que no las veo futuro ni a la ministra ni a la LOMLOE porque, cuando una ley no se consensúa con la comunidad educativa, nace muerta y no tiene permanencia en el tiempo. El primer cambio político que haya en España, con una tendencia moderada en el Ejecutivo,  se llevará esta ley por el desagüe; incluso, dada su nula calidad y negativa mejora de lo existente, podría acabar en el albañal. La imposición y la falta de diálogo siempre serán la sepultura de las democracias. Al tiempo.