Los comunistas de Sumar quieren regularizar a 500.000 migrantes

"Por una cuestión de justicia y porque ninguna persona puede ser considerada ilegal, es hora de sacar adelante esta reforma sin desnaturalizarla y reconocer que en realidad no debería haberse frenado nunca", ha asegurado Pisarello.

Todos los grupos de la Cámara Baja, menos Vox, apoyaron en abril del año pasado la toma en consideración de la iniciativa. Posteriormente, la Mesa del Congreso desbloqueó en septiembre la tramitación parlamentaria de la ILP, poniendo fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se habían venido sucediendo semana tras semana durante meses. El siguiente paso es debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación. Si bien, este proceso se ha estancado.

La ILP contempla regularizar a medio millón de personas extranjeras que calcula que ya se encontraban en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, PSOE y Sumar presentaron en septiembre una enmienda conjunta a la iniciativa para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023, en lugar de la fecha que recoge el texto original.

Por otro lado, la iniciativa ha contado con el apoyo de entidades sociales como Cáritas o la Conferencia Episcopal Española (CEE). Esta última ofreció el marzo al PSOE y al PP su mediación para que estos partidos aprueben juntos la ILP. Así, el presidente de la CEE, Luis Argüello, instó en rueda de prensa a los responsables políticos a "resolver un grave problema en el que la dignidad y el bien común están afectados", así como a "superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro".

Mientras, desde el movimiento `Regularización Ya` han denunciado en diferentes ocasiones la "falta de voluntad" política para sacar adelante su iniciativa, tras un año sin apenas avances. En esta misma línea, la ministra Elma Saiz, preguntada por medios en diferentes ocasiones por la ILP, ha valorado el debate y la escucha que surge a raíz de la iniciativa.

En este sentido, fuentes gubernamentales han señalado a Europa Press que es turno de que se pronuncien todos los grupos del arco parlamentario que votaron a favor de su toma en consideración y recalca que el Gobierno "siempre se ha mostrado favorable a que se estudien estas iniciativas de calado y se mantiene atento a su desarrollo en las cámaras".

Paralelamente, estas mismas fuentes recuerdan que este martes, 20 de mayo, entra en vigor el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería (RLOEX). En esta reforma defienden que se ha clarificado las figuras de residencia y trabajo, se han reducido los trámites "innecesarios" y "se han abierto puertas que antes estaban cerradas y que podían resultar un escollo a la población extranjera a la hora de venir a estudiar, trabajar o formar un proyecto de vida en España".

"En definitiva, la política migratoria del Gobierno de España, que apuesta por una integración real y efectiva de la población migrante en la vida pública; por defender sus derechos, pero también sus deberes como miembros de la sociedad a la que pertenecen; por facilitar el despliegue de su talento y su incorpporación al mercado laboral; y por una convivencia exitosa que es puesta en valor dentro y fuera de la Unión Europea", subrayan.