La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica
Sitúa a Aldama y al dueño de Villafuel, Claudio Rivas, como máximos dirigentes de la presunta organización criminal
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO describe "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".
Los investigadores precisan que, "de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas".
La Benemérita no alberga duda de que "la máxima dirección de esta organización criminal" eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. "Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras", afirma.
Y asegura que hay "indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico".
La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos". "Todo ello a cambio de una contraprestación económica", subraya.
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