El 62% de los votantes del PP cree que las tasas judiciales son inconstitucionales y el 38% que empeorarán la Justicia

   Según la encuesta, el 73,2 por ciento de los ciudadanos cree que los nuevos gravámenes son contrarios a la Carta Magna, mientras que el 54 por ciento afirma que contribuirán, en alguna medida, a empeorar el funcionamiento de la Justicia. Sólo uno de cada diez españoles defiende su constitucionalidad.

   La opinión mayoritaria entre los ciudadanos críticos con las nuevas tarifas es generalizada si se atiende a los distintos segmentos de población, no observándose diferencias significativas respecto al sexo, la edad o la clase social de los entrevistados.

   Sí que se registran diferencias entre los simpatizantes de los dos principales partidos. Entre los afines al Partido Popular, un 62 por ciento entiende que son inconstitucionales, mientras que esta cifra se eleva hasta el 81,1 por ciento entre los votantes del PSOE.

   Un 17,8 por ciento de los votantes del partido que sustenta el Gobierno estima que las nuevas tasas respetan el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, mientras que sólo el 6,1 por ciento de los votantes del PSOE mantiene esta opinión.

  EFECTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

   En general, un 54 por ciento de los ciudadanos vaticina un empeoramiento de la Justicia como consecuencia de las tasas, un 16,1 por ciento cree que su funcionamiento se mantendrá igual y un 13,7 por ciento augura que mejorará. En concreto, el 43,4 por ciento de los mayores de 65 años prevé que irá a peor.

   Las diferencias más claras se producen entre votantes del PP y del PSOE. El 27,1 por ciento de los primeros manifiesta que mejorará la Administración de Justicia, mientras que esta cifra se reduce al 8,6 por ciento entre los votantes socialistas.

   Un 38,6 por ciento de los votantes del PP cree que empeorará por culpa de las tasas, una opinión que se eleva en el 61,4 por ciento de los votantes del PSOE.

   La nueva ley de tasas judiciales contempla incrementos de entre 50 y 750 euros a los que hay que añadir una cuantía variable según el objeto del litigio. Además, impone por primera vez un pago de la tasa en el orden Social y otro de hasta 1.200 euros en recursos ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.