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Elecciones 2019 17-01-2020 20:15

Cs propone reformar la ley para que `embajadas` y actividades de CCAA en el exterior requieran autorización del Gobierno

Quiere imponer sanciones que incluirían el cese e inhabilitación de cargos, cierre de oficinas y multas de hasta 1,5 millones de euros

   MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

   El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que no solo las oficinas autonómicas en el exterior, sino toda actividad promovida por comunidades o ciudades autónomas en el extranjero requiera una autorización previa del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

   Además, propone un régimen sancionador, de manera que actividades como abrir una oficina o firmar un acuerdo internacional administrativo en contra del criterio de Exteriores lleve aparejadas sanciones como el cese inmediato en el cargo y, en caso de infracciones muy graves, la inhabilitación y multas de entre 500.000 y 1,5 millones de euros.

   Entre esas infracciones muy graves estaría, según la propuesta de Ciudadanos, el realizar o participar en "acciones, eventos o acuerdos que puedan perjudiquen la Política Exterior que dirige el Gobierno o denigren o desprestigien la imagen o la reputación de España o sus instituciones en el exterior". De hecho, la propuesta prevé que el primer objetivo de la política exterior española sea "la promoción de la imagen y la reputación de España en el exterior".

   Se trata de una proposición de ley destinada a reformar la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, aprobada en 2014 con José Manuel García Margallo como ministro de Exteriores. Esa ley obliga a las comunidades autónomas a informar previamente al Gobierno central de las oficinas que planeen abrir en el exterior y de los viajes que hagan sus altos cargos fuera de la UE.

   Sin embargo, el informe sobre las oficinas es preceptivo pero no vinculante y la ley no prevé un régimen sancionador para los incumplimientos, más allá de recurrir a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

   En la legislatura pasada el PP propuso reformar su propia norma y ahora se ha sumado Ciudadanos, con un texto que planea que Exteriores deba autorizar previamente toda actividad exterior que quieran hacer las comunidades y ciudades autónomas, así como los acuerdos internacionales no normativos y los acuerdos administrativos que quieran firmar. Para ello, las comunidades deberán informar de todo ello al Gobierno con suficiente antelación.

   El grupo que dirige Inés Arrimadas ha presentado su propuesta un día después de saberse que el Gobierno central ha dado su visto bueno a nuevas oficinas de la Generalitat en el exterior.

   La proposición también considera infracción muy grave "el incumplimiento doloso de las resoluciones" de Exteriores en relación con el régimen de autorización previa para el desarrollo de actividades y la apertura o cierre de Oficinas" y la realización o amparo de actuaciones que "comporten la asunción de la representación del Estado en el exterior" o "la generación, directa o indirecta, de obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado".

   Según la propuesta, corresponde al Ministerio de Exteriores velar por la coherencia de la acción exterior y que todas las actividades se ajustan a las directrices y objetivos fijados por él, así como hacerse cargo del régimen sancionador.

   Por otro lado, propone que, cuando sea posible, sea obligado que las nuevas oficinas se instalen dentro de los locales del Servicio Exterior del Estado, o dentro de las dependencias de otros servicios de titularidad estatal o, alternativamente, de las de las oficinas de promoción de otras comunidades o ciudades autónomas.

   Además, todos los establecimientos deberán cumplir los preceptos sobre el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. Asimismo, deberán lucir, tanto en el interior como en el exterior, junto a sus distintivos propios, el de \'Acción Exterior de España.

  CONFERENCIA SECTORIAL DE ACCIÓN EXTERIOR

   Por otro lado, propone la creación de la Conferencia Sectorial de Acción Exterior como instrumento de coordinación y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y las Entidades Locales en materia de Acción Exterior para asegurar la coherencia y complementariedad.

   Además, ese sería el foro para que se informe a las administraciones territoriales de los actos de celebración de aquellos tratados y convenios internacionales que afecten directa y singularmente a materias de competencia autonómica o local y se articulen mecanismos para hacer efectiva su participación en los organismos internacionales, en el seno de la delegación española correspondiente.

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