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Crónica negra y Tribunales 12-11-2019 14:45

La Fiscalía pide entre 3 y 6 años de cárcel y multas de entre 3 y 90 millones para la cúpula de iDental por fraude

Será la primera de las piezas de esta macrocausa que se juzgará en la Audiencia Nacional

 

   La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de entre tres y seis años de prisión, así como elevadas multas que oscilan entre los tres y los 90 millones de euros, para la cúpula de las clínicas low cost iDental por un fraude a la Seguridad Social de casi 24 millones de euros, sin contar los intereses.

   Se sentarán en el banquillo de los acusados por esta pieza separada de la macrocausa que investiga iDental los administradores originales de las clínicas Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, así como sus sucesores al frente de la compañía, Luis Sans, los hermanos José María y Juan Garrido López y Domingo Bejarano, por delitos contra la Hacienda Pública.

   Para García Pellicer y Castañer Blasco, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y multa de más de 46 millones de euros. En cuanto a Sans Huecas y los hermanos Garrido López, reclama también seis años de prisión y multa 90,3 millones de euros, mientras que para González Sánchez pide, como cooperador necesario, tres años y multa de 41,9 milones de euros. Por último, el fiscal solicita para Bejarano Calabuig, también como cooperador necesario, tres años de cárcel y multa de 3,2 millones.

   Para todos ellos, el Ministerio Público reclama también la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de ocho años, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de actividades empresariales y mercantiles durante el tiempo de la condena.

   Además de estas penas, la Fiscalía pide imponer a los procesados indemnizaciones conjuntas a la Tesorería de la Seguridad Social. A García Pellicer y Castañer Blasco, propone la cantidad de 11,5 millones de euros por la deuda generada entre febrero de 2015 y octubre de 2017. A Sans Huecas, a los hermanos Garrido López y González Sanchez, plantea la cantidad de al más de más de 20,9 millones por el periodo de febrero de 2015 a octubre de 2018, pero también la cantidad de 1,6 millones por el periodo que va entre 2017 y septiembre de 2018.

  ENTRAMADO SOCIETARIO OPACO E IMPAGOS

   Según la investigación judicial, iDental se basa en un modelo de negocio "consistente en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos y con la colaboración en unos casos de testaferros, para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero".

   Este entramado empresarial cuenta con dos tipos de sociedades: las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrolla la actividad profesional, que generan deuda a la Seguridad Social por importe de 11,1 millones de euros en impagos de la cotización de sus trabajadores intereses incluídos; y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros, constituidas con el "propósito de defraudar" y que deben 20.968.497,34 euros contando asimismo con recargos e intereses.

   El funcionamiento diario de las clínicas consistía en ofertar tratamientos odontológicos a un sector de población de ingresos medios-bajos, con compromiso de descuentos y facilitando su financiación, ya que con su intermediación, el coste lo financiaban entidades diversas de modo que el cliente quedaba como deudor de la financiera "y al albur del tratamiento clínico" que le iban administrando en iDental.

   El sistema colapsó en 2017 por las deudas contraídas con proveedores y prestamistas, carente ya de financiación nueva y el impago acumulado de nóminas y seguros sociales, dejando de prestar los tratamientos clínicos y miles de personas afectadas por todo el país.

  DOS ETAPAS EN LA ACTIVIDAD DELICTIVA

   El escrito de acusación de la Fiscalía divide toda esta actividad delictiva en dos etapas, la primera relativa a las clinicas propiedad de Castañer Blasco y García Pellicer, que se constituyeron en torno a tres sociedades principales --Dental Global Management SL, Ramdon Corp SL e Ifactory Global Lab--. Estas sociedades se convirtieron en el germen societario del grupo iDental y de ellas dependen todas las clínicas dentales.

   Una segunda etapa de los hechos la Fiscalía la sitúa en relación a las propiedades de Luis Sans, José María Garrido y Juan Garrido López en torno a la sociedad Weston Hill Asset Management, que se constituyó en abril de 2014 con un capital social de 3.006 euros. Su objeto social era "la prestación de servicios de agente de empresas de servicios de inversión de conformidad al artículo 65bis de la ley 24/1988 de 28 de julio del mercado de valores, realizando labores de promoción y comercialización de los servicios de inversión".

   A todas ellas se unían el Grupo Institutos Odontológicos Asociados e Instituts Odontológicos Associats SL, que gestiona igualmente clínicas dentales, con un capital social de 1.290.064 euros.

   Según el escrito de conclusiones, las actuaciones desarrolladas por el grupo iDental han causado un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social que se empezó a acumular cuando García Pellicer y Castañer Blasco ocupaban los cargos de responsabilidad en las empresas que conforman el grupo, y que, tras el relevo de estos y el nombramiento de José Luis González Sánchez, ha continuado creciendo.

   Del mismo modo, las actuaciones desarrolladas por el Grupo IOA desde la adquisición del mismo por Sans y los Garrido López han causado aparentemente un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social.

   Esta pieza separada del presunto fraude a la Seguridad Social por parte de los administradores de iDental es sólo una en las que se dividió la macrocausa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, por posibles delitos que van desde la administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida y falsedad documental, hasta lesiones y contra la salud pública, blanqueo y alzamiento de bienes.

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