Justicia anuncia una conferencia sectorial en la segunda quincena de julio y llama a mantener la coordinación en la nueva normalidad

   El Ministerio de Justicia ha anunciado este viernes a las comunidades autónomas con competencias transferidas que convocará en la segunda quincena de julio una conferencia sectorial y ha llamado a mantener la coordinación para analizar el tránsito hacia la nueva normalidad en los juzgados y realizar un seguimiento de los planes de choque que se pondrán en marcha en los distintos órdenes jurisdiccionales.

   Así lo ha dicho en la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis del covid-19 en la Administración de Justicia, en la que participan el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autonómicas con competencias transferidas en materia y el Consejo General de la Abogacía Española.

   En su intervención, el titular de Justicia ha agradecido la labor desarrollada por la Comisión, especialmente la alta participación de los representantes autonómicos en todas las convocatorias realizadas semanalmente.

   Según ha indicado el departamento que dirige Campo en un comunicado, los participantes en la reunión han solicitado al Ministerio el mantenimiento de este foro que han calificado de "histórico" y consideran necesaria su continuidad más allá de la crisis sanitaria.

  REUNIONES TÉCNICAS

   En este contexto, Campo le ha avanzado que, junto a este mecanismo de coordinación reforzado entre instituciones, se potenciarán también una serie de reuniones técnicas para ir acompasando el tránsito hacia la nueva normalidad en los juzgados y realizar un seguimiento de los planes de choque que se pondrán en marcha en los distintos órdenes jurisdiccionales.

   El Ministerio ha informado de que se prevé que estos planes se presenten en julio para que estén funcionando a pleno rendimiento a primeros de septiembre.

   "Creo que lo que estamos viviendo es una crisis diferente y que es claramente constitutiva. Tenemos que fijar nuevos métodos de trabajo para lograr esto, lo que no quiere decir que sea un borrón y cuenta nueva", ha dicho el ministro durante su intervención.

   Así, ha anunciado a los representantes de las comunidades autónomas que "en los próximos días" van a recibir "una comunicación" convocándoles a la "tradicional" conferencia sectorial para la segunda quincena de julio. "Aunque nada va a ser igual", ha añadido el ministro.

   "Tenemos que seguir esbozando ese diseño que queríamos hacer antes que la covid-19 se hiciera nuestro compañero de viaje. Pero si ya teníamos el deseo de articular un nuevo diseño de Justicia para vertebrar esta Administración, ahora ya no es un deseo, es una auténtica y rabiosa necesidad", ha explicado.

   Asimismo, Campo ha afirmado que tanto el Ministerio como las comunidades autónoma tienen la "obligación" de hacer un "monográfico tecnológico" para abordar el proceso de la digitalización, la mediación o el arbitraje, cuya importancia en la Justicia es "incuestionable".

   También ha recordado que hay en marcha textos normativos en elaboración siendo el más inminente la Ley de medidas organizativas, procesales y tecnológicas que el Ministerio pretende elevar a Consejo de Ministros a finales de junio.

  FASE 3 DE LA DESESCALADA DE LA JUSTICIA

   Por otro lado, la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha dado este viernes luz verde al retorno pleno de la actividad ordinaria en el sistema judicial que se abre paso con la fase 3 de la desescalada, a partir del próximo 9 de junio.

   Esta fase implica que el cien por cien de la plantilla se incorpore ya a su centro de destino. No obstante, aquellos funcionarios de la Administración de Justicia que actualmente se encuentren de permiso por deber inexcusable debidamente acreditado y justificado, podrán mantenerse en dicha situación hasta el último día de vigencia del estado de alarma.

   Esta medida es aplicable a los empleados de la Administración de Justicia con hijos e hijas menores de 14 años o con personas mayores dependientes a su cargo, que no pudieran flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas existentes en su ámbito territorial, o que no pudieran desarrollar su actividad en la modalidad de teletrabajo.