Sáenz de Buruaga exige a Revilla que cese a Real después de que la Fiscalía vea indicios de delito en los contratos del SCS

   El PP de Cantabria se personará como acusación en el proceso judicial por las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) después de que la Fiscalía haya visto indicios de delito y ha exigido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que cese a la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE).

   Así lo ha reclamado, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tras conocer este mismo miércoles que la Fiscalía de Cantabria ha decidido remitir la investigación que inició sobre las presuntas irregularidades en contratos del SCS a raíz de las denuncias del PP e IU al juzgado de instrucción para que proceda a la apertura de diligencias "tendentes a la averiguación de los hechos y presuntos responsables".

   "Tras meses de investigación y la práctica de numerosas diligencias, la Fiscalía podía haber archivado la denuncia pero no lo ha hecho", ha afirmado Sáenz de Buruaga, que considera que la decisión de la Fiscalía es un "nuevo revés" para "la honestidad del Gobierno".

   A juicio de Sáenz de Buruaga, cada hecho, cada informe o cada resolución es "una prueba más de que estamos ante una trama de contratación ilegal, conocida, consentida y amparada por la consejera de Sanidad" y también, "a estas alturas" por el Gobierno que lidera Miguel Ángel Revilla.

  BURUAGA: A REVILLA YA NO LE QUEDA NINGUNA EXCUSA PARA NO CESARLA

   La dirigente popular considera que, tras la decisión de la Fiscalía de remitir al juzgado de investigación la investigación realizada sobre las presuntas irregularidades en contratos del SCS tras las denunciadas de IU y PP, Revilla debe "obligar a marcharse a Real", "si hace falta desde México", país donde el jefe del Ejecutivo regional ha acudido a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente.

   "Nadie ha hecho más daño al SCS que María Luisa Real. Y si le quedara un ápice de vergüenza se tendría que marchar hoy mismo. Pero a estas alturas, ya sabemos lo que podemos esperar. Sabemos que no se va a dimitir, que es una consejera atornillada a un sillón. Así que es el presidente, que es el quien nombra y cesa a sus consejeros, el que tiene que demostrar quién manda en Cantabria. El que tiene que obligarla a marcharse", ha dicho.

   Sáenz de Buruaga ha señalado que, tras hacerse públicas las presuntas irregularidades en el SCS, Revilla ha ido aplazando la decisión sobre Real --primero, según ha dicho, hasta conocer los resultados de una investigación interna, luego hasta saber las conclusiones de la Intervención de la comunidad y luego al pronunciamiento de la Fiscalía--. "Pues bien, ya lo ha hecho, así que al presidente ya no le queda ninguna excusa", ha aseverado.

  "UN NUEVO ESCENARIO"

   Según ha defendido la líder del PP, la decisión de la Fiscalía de remitir su investigación al juzgado de instrucción "quiere decir que "no es solo el Partido Popular el que ve indicios de delito en las contrataciones del SCS y la gestión de Luisa Real, sino que también los ve la Fiscalía", algo que considera un hecho "muy relevante".

   "Ahora se abre, por tanto un nuevo escenario. Se abre el frente judicial", ha subrayado la dirigente popular, que ha señalado que se pasa de "irregularidades" a "presuntos delitos"; del "plano político" al "plano penal", "del escenario de la responsabilidad política" al de la "responsabilidad penal".

   Para la líder de los `populares` cántabros el hecho de que la consejera siga "un minuto más al frente de la sanidad de Cantabria es "indecente y no tiene un pase".

  BURUAGA: TODO LO QUE SE SABE DE ESTA ASUNTO HA SIDO POR EL PP

   Sáenz de Buruaga ha defendido la actuación del PP en este asunto, en el que, a su juicio, el partido "siempre ha ido de frente y se ha conducido con absoluta responsaboñidad".

   "Todo lo que se ha investigado, documentado y se sabe de este asunto ha sido por la acción del Partido Popular. Con no pocas resistencias", ha reivindicado.

   La presidenta del PP ha señalado que tras tener conocimiento de estas posibles irregularidades, las investigó y documentó y las puso a disposición de Revilla y de la Intervención General y, posteriormente, las denunció ante la Fiscalía.

  LOS HECHOS

   La investigación de la Fiscalía se inició después de que IU y el PP denunciaran ante este órgano esta presuntas irregularidades en el SCS.

   Entre los hechos denunciados, se aludía a supuestas "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación; y la elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones.

   Concretamente, en la denuncia del PP ante la Fiscalía se consideraban que estos hechos podían ser considerados como presuntos delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y usurpacióon de funciones de funcionario público".

   Tanto el PP como IU presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.

   El caso provocó la dimisión del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

   La oposición en bloque pidió reiteradamente la dimisión de la consejera de Sanidad, y ante la negativa de la socialista, exigió su cese Revilla, que tampoco accedió a las pretensiones del PP, Podemos y Ciudadanos, pese al mandato del Parlamento aprobado en forma de resolución en el Debate sobre el Estado de la Región de junio.

   El expediente informativo que abrió el Gobierno PRC-PSOE concluyó con un informe final que señala que pudo haber fraccionamiento "indebido" de contratos en varias adjudicaciones del SCS. La consejera de Sanidad replicó entonces que un fraccionamiento de contratos "no siempre es constitutivo de delito y mucho menos de corrupción" y que el informe no habla de "adjudicación irregular para aprovechamiento de terceros".

   El Gobierno concluyó que el informe interno no detecta "ningún ilícito penal", aunque sí "incidencias contractuales", por lo que decidió remitirlo a la asesoría jurídica y a la Intervención General, que a su vez remitió su informe a la Fiscalía.

   Ya en septiembre, el Pleno del Parlamento aprobó investigar las irregularidades contractuales en el SCS en esta legislatura y también en la anterior del PP, pero desde entonces no se ha dado ningún paso en esa dirección.

   El informe que puso fin al expediente informativo señalaba que podría haberse incurrido en un fraccionamiento "indebido" de contratos que se adjudicaron a tres empresas con "indicios de vinculación entre las mismas" pese a ser una unidad operativa o funcional.

   Según denunció el PP, estas empresas tienen entre sus administradores al hijo de un alcalde socialista, el de Suances. El informe señala que el encargado o jefe de obras y la empresa de contacto fueron en todo momento la misma en los tres casos.

   Por otro lado, el informe constata varios ejemplos de obras que se recepcionaron antes de estar terminadas y lo mismo ocurre en el caso de recepción de equipamientos en los que si bien se ha constatado el efectivo suministro de los mismos, se utiliza un acta de comprobación de la inversión "ante el inminente cierre del ejercicio presupuestarios, para no perder el importe de la inversión adjudicada", un procedimiento que "no se adecúa a la normativa de contratación".