El senador cántabro Javier Puente (PP) pide al Gobierno central el II Plan Integral de Apoyo a la Familia

   Además, pide que en dicho plan se preste "especial atención" a las familias más vulnerables, las numerosas, monoparentales, con discapacitados o mayores a su cargo, así como a aquellas familias con uno o dos progenitores desempleados.

   La iniciativa ha sido presentada por Puente en el registro de la Cámara Alta y se debatirá en la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia.

   Según expone Puente en el texto de la moción, el Plan Integral de Apoyo de la Familia 2015-2017 aprobado por el Gobierno del PP "surgió del compromiso de articular una política integral de apoyo económico y social a la familia", reconociendo su valor como unidad básica de articulación social.

   Además, a su juicio, dicho plan ha supuesto "un importante avance en la mejora del bienestar y la calidad de vida de las familias españolas", ha resaltado.

   Por ello, una vez que ha terminado el periodo de vigencia de dicho Plan Integral de Apoyo a la Familia, el senador popular ha resaltado la necesidad de "elaborar, urgentemente", otro Plan para apoyar a las familias españolas, "máxime cuando la crisis económica derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, comportará consecuencias económicas muy severas para cientos de miles de familias por la pérdida del empleo".

   Según Puente, con estas premisas, el Plan identifica tres colectivos prioritarios: Familias numerosas, que representan 562.000 hogares en España; el 70 por 100 formado por familias con tres hijos y sólo el 10 por 100 por familias numerosas de categoría especial (más de cinco hijos). Familias monoparentales: 1,75 millones de hogares en España, en los que en el 83 por 100 de los casos la persona de referencia es una mujer. Y familias con personas con discapacidad, 2,5 millones de personas en España con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

   El senador ha señalado que el objetivo del plan puesto en marcha por el PP era mejorar la protección social y económica de las familias, especialmente a aquellas que tenían menores a su cargo, así como optimizar la conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar y laboral.

   Además, incluía la parentalidad positiva; el apoyo a familias con necesidades especiales, entre ellas, familias numerosas, monoparentales, familias con personas con discapacidad, o aquellas que tienen en su seno enfermos graves, mayores, madres reclusas o exreclusas con menores.