La Audiencia juzga esta semana al exconcejal de Reinosa Julio García por malversación

Según el escrito del ministerio público, el que fuera concejal entre 2011 y 2012, "aprovechando su cargo" y "la escasa formación y la situación de necesidad" de dos hermanos vecinos de Reinosa, les ofreció la adjudicación de algunos pequeños trabajos para el Ayuntamiento, a cambio de que abrieran una cuenta corriente en la que ellos dos figuraran como titulares y le autorizaran a él como disponente.

Así las cosas, entre mayo de 2011 y marzo de 2012, el acusado asignó a los dos hermanos algunos trabajos menores, al tiempo que "confeccionó facturas a nombre de `Obras y Reformas en General`, nombre que inventó para el trabajo de los hermanos en sus servicios al Ayuntamiento de Reinosa".

De este modo, pretendía "dar una apariencia de validez a unos trabajos que no se habían realizado" y también "dar cobertura a la compraventa ficticia a los mismos y a favor del Ayuntamiento de un vehículo especial, del que nunca fueron titulares".

El escrito de la fiscalía enumera diez facturas ficticias por trabajos de desinfección (3.744 euros), en el ferial de ganados (7.202 y 4.106 euros), en la federación de peñas (1.062 euros) y en el tanatorio (1.684 euros), por retiradas de residuos en el Ebro (1.029 euros) y por obras de saneamiento en la casa de la juventud (5.089 euros) y en el campo de rugby (3.912 euros).

También consta una factura ficticia por la venta de un vehículo, por importe de 7.254 euros.

Posteriormente, "a sabiendas de que dichos trabajos no se habían ejecutado o no se había efectuado la compra del vehículo, firmó las facturas por él confeccionadas y las presentó ante el Ayuntamiento para que este satisficiera el importe de las mismas" en la cuenta corriente que había abierto y en la que figuraban como titulares los hermanos.

Después, el acusado efectuó diversas transferencias a favor de cuentas de su titularidad. Según la fiscalía, se ingresó indebidamente en la citada cuenta un total de 23.393 euros provenientes de las arcas públicas del Ayuntamiento, que incorporó definitivamente a su patrimonio y que no ha devuelto.

Los hechos constituyen, según el fiscal, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por autoridad.

Además de la pena de prisión pide 10.800 euros de multa, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años, e indemnización de 23.393 euros.

La defensa por su parte niega los hechos y solicita la absolución.Afirma que los hermanos realizaron diversas obras para el Ayuntamiento en distintos edificios municipales y que las mismas fueron encargadas por el concejal, que "dio orden de su abono una vez constatada la realización de las mismas".

Añade que con carácter previo o simultáneo a cada uno de los trabajos encomendados, su defendido realizó distintos préstamos a cada uno de los hermanos, que le fueron devueltos a medida que recibieron los pagos por los trabajos efectuados para el municipio.

Junto a ello, afirma que su cliente vendió al Ayuntamiento un dumper que previamente había adquirido a otra empresa.

El juicio comenzará a las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia y está previsto que se desarrolle del 4 al 7 de julio, y del 11 al 13.