El patrimonio de la familia del funcionario enviado a prisión incrementó en "varios millones" entre 2013 y 2022

El grupo familiar del funcionario del Gobierno de Cantabria enviado a prisión provisional por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de carreteras en la región experimentó un "importante incremento de patrimonio no justificado" en el periodo de 2013 a 2022, que se estima en "varios millones de euros".

Además, durante la investigación, que comenzó a principios de 2022, se ha podido constatar que el entorno familiar del procesado, jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, disfrutaba de "diversas dádivas" y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.

También durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario se hallaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.

Así lo ha informado este viernes la Agencia Tributaria, que junto a la Policía Nacional ha desarticulado la trama de fraude en la contratación de obra pública dentro de la que, al parecer, el jefe del Servicio de Carreteras intervenía desde su condición de alto funcionario en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo presuntamente una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores.

Para ello habría negociado precios, negociado los términos de las licitaciones con empresas concertadas y hecho uso de información privilegiada.

La investigación arrancó hace alrededor de un año, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obras.

Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, se formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializaron las actuaciones, que desde esemomento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las "importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales".

La fase de explotación de la operación se concretó el miércoles con la detención de todos los investigados, ocho en total --dos en Madrid-- entre el funcionario, algunos familiares y responsables de cuatro sociedades que eran adjudicatarias de los contratos.

También se produjeron entradas y registros en el domicilio del principal investigado, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas, las sedes de las empresas adjudicatarias de los contratos y los domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.

En los registros también se ha incautado abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá seguir avanzando en la investigación. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, según ha informado la Agencia Tributaria este viernes, coincidiendo con la puesta a disposición judicial de seis de las seis personas detenidas --dos quedaron en libertad el mismo miércoles, las detenidas en Madrid-- y con el día en el que la jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el funcionario y ha dejado en libertad a los otros cinco, entre ellos su mujer y responsables de las empresas implicadas.