El fiscal baja de 9 a 8 años su petición de prisión a los exalcaldes de Castro Muguruza y Helguera

El fiscal del 'caso de los sobresueldos' en el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha rebajado de nueve a ocho años su petición de pena de cárcel a los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, principales procesados en esta causa, al tiempo que solicita para cada uno de ellos un total de 29 años de inhabilitación (20 absoluta y 9 especial, para empleo o cargo público; antes pedía 27 de esta última modalidad y dos de suspensión).

Lo reclama así en su escrito de acusación definitivo, en el que también baja un año -de cinco a cuatro- la solicitud de prisión a los nueve exconcejales y al exfuncionario imputados, manteniendo los 18 de inhabilitación pedidos inicialmente a los ediles y aumentando de 22 a 29 los interesados al trabajador.

El representante del ministerio público en esta causa, por supuestas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Consistorio así como el pago de retribuciones indebidas entre 1991 y 2011, ha modificado su anterior calificación de los hechos en la recta final del juicio, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Lo ha hecho para suprimir el delito continuado de prevaricación que atribuía a Helguera (fue alcalde de 1991 hasta 2003) y a Muguruza (que le sucedió en el cargo hasta 2011) y considerar que lo sucedido constituye un ilícito continuado de prevaricación en concurso medial con otro igualmente continuado de malversación de caudales públicos, que sigue achacando a ambos regidores -en concepto de autores- y al resto de enjuiciados -como cooperadores necesarios y, por tanto, autores-.

Al elevar a definitivas sus conclusiones, el fiscal ha entendido que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en este procedimiento, que se juzga más de tres décadas después de iniciarse las presuntas ilegalidades (las defensas también la aprecian, pero como muy cualificada, y reclaman ante una eventual condena una rebaja de la misma en dos grados).

Y ha aprovechado además el portavoz de la Fiscalía para corregir "errores" en su escrito anterior, que ha definido de tipo "mecanográfico o tipográfico", pero que consistían en la "omisión" de dos concejales supuestamente implicados (por sus votaciones en los plenos) y que ha añadido ahora: José Miguel Rodríguez 'KyK' e Iván González, que también fue alcalde, pero a partir de 2011.

Se suman así a los exediles Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor, Agustín Fernández (procesados por apoyar los presupuestos en 2008 y 2009 obviando los reparos del interventor municipal que advertían de distintos pagos ilegales) y al entonces funcionario Gregorio Alcedo, que presuntamente cobró un complemento personal transitorio.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal ha mantenido que será determinada por la jurisdicción contable dándose traslado al Tribunal de Cuentas para los acusados que resulten responsables de los hechos juzgados, pero estableciendo de forma subsidiaria que todos los que ejercieron cargo público respondan solidariamente de las cantidades "indebidamente devengadas" en los presupuestos de 2008 y 2009, y Muguruza y Helguera desde el año 2000 además, a partir de las cuantías recogidas en los informes de intervención.

Y de forma suplementaria a lo anterior, ha añadido el fiscal, ambos exalcaldes y el empleado público -que ejerció como interventor accidental entre 2003 y 2004- deberán responder con más de 2 millones de euros por diferentes conceptos abonados supuestamente de forma indebida (111.997 euros por 'bolsa de Navidad'; 109.698 por 'Coso Blanco'; y 1.886.075 por 'productividad'). Los exediles lo harán por su parte por la cantidad de 73.350 euros, que engloba diferentes conceptos.

MODIFICACIONES DE GRAN CALADO

Ante todos estos cambios --de los que el fiscal ha dado cuenta oralmente pero que a petición de las defensas y por mandato de la magistrada presidenta de la Sala ha presentado después por escrito, tras un receso cercano a una hora del plenario-- los letrados han pedido la suspensión y aplazamiento de la vista oral varios días, para valorar y estudiar las modificaciones introducidas, a juicio de algunos de forma "sorpresiva".

Entienden que los cambios son de carácter "bastante sustancial" y "de gran calado", toda vez que afectan a los propios procesados, se engloban todos los hechos en un mismo y único delito o porque se cuantifica ahora la responsabilidad civil. Y algunos letrados han advertido del planteamiento de solicitudes de nulidad o retrotraimiento de las actuaciones.

En su réplica, el fiscal ha negado que sea una modificación "sustancial", sino que en su opinión ha "matizado" algunos aspectos y corregido otros (como la introducción de nombres que aparecían en autos anteriores a su escrito de acusación provisional), sin que haya cambiado la calificación de los hechos, tal y como ha esgrimido, aunque no se ha opuesto a la suspensión de la vista solicitada.

Pero la Sala ha rechazado acceder a tal petición, argumentando que las modificaciones efectuadas no implican una "agravación" de los hechos ni de las penas, aunque la jueza ha admitido que la inclusión de dos personas es "una cuestión seria", que entra en el "fondo del asunto", y sobre la que se resolverá en sentencia.

Tras esto, las defensas han efectuado la pertinente protesta y han elevado a definitivas sus conclusiones, interesando la libre absolución de sus respectivos patrocinados e introduciendo, en caso de condena, la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, para que se rebaje la pena en dos grados.

MANTENER ALGO ILEGAL HASTA EL INFINITO

La sesión ha concluido con el informe final del fiscal, que ha apelado al "sentido común" a la hora de valorar la prueba practicada, comentando al respecto que "todo el mundo sabe" lo que cobra un funcionario público y, también, como se accede a estos puestos, a través de procedimiento selectivos y no con contratos "de por vida".

A su juicio, "no tiene ninguna cabida" lo ocurrido en el Ayuntamiento castreño, donde "daba todo igual", hasta el punto de que "una cosa ilegal" -que según ha dicho se inició durante el mandato de Helguera y continuó después con el de Muguruza- se mantuvo "mucho tiempo", llevándolo hasta "el infinito".

Así, tras censurar el "halo de falta de juridicidad" que a sus ojos había en este Consistorio, el representante de la Fiscalía ha concluido que "se creó una red clientelar" en el marco de la cual "todo el mundo cobraba y se quedaba contratado". Pero "no vale todo", ha sentenciado, interesando así y para concluir una sentencia condenatoria.

El juicio continuará el próximo martes con los informes de las defensas, trámite que se prolongará hasta el miércoles, cuando los acusados -la mayoría de ellos ha optado por no declarar y solo lo han hecho Muguruza, Carranza y Alcedo, pero para contestar únicamente a preguntas de sus abogados- podrán ejercer su derecho a la última palabra.