Asociaciones judiciales apuntan al TC como "la única vía que puede corregir la deriva de Pedro Sánchez con la reforma penal

Las asociaciones judiciales han señalado este lunes que el Tribunal Constitucional es "la única vía que puede corregir al legislador" y modificar o revocar los cambios que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar el delito de sedición, rebajar las penas de la malversación y alterar las normas para renovar, precisamente, el propio Tribunal de Garantías.

"No hay mucho más. O se plantea un recurso de inconstitucionalidad o se puede acceder, a la hora de aplicar la ley, a través de una cuestión de inconstitucionalidad si la duda es fundamental a la hora de resolver el caso concreto", ha explicado a Europa Press el miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Juan José Carbonero.

Cabe recordar que, para interponer un recurso ante el TC, son necesarios al menos 50 diputados en el Congreso de los Diputados o 50 senadores en la Cámara Alta. La cuestión de inconstitucionalidad, por su parte, es un mecanismo utilizado por un juez o tribunal cuando considera que una norma con rango de ley de cuya validez depende el fallo puede ser contraria a la Carta Magna.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, reflexiona acerca de la posibilidad de que el TC avise o ponga coto a la vía elegida para llevar a cabo estas reformas y que no se "burle el trámite parlamentario".

50 PARLAMENTARIOS PARA INTERPONER UN RECURSO

Con todo, incide en que "cualquier norma con rango de ley solo se puede impugnar por vía de recurso o cuestión de inconstitucionalidad si un juez tiene que aplicar la norma y considera que es contraria a la Carta Magna".

"Con carácter general para cualquier norma es posible que un grupo de 50 parlamentarios presenten recurso de inconstitucionalidad. En este caso o en cualquiera. Pero (el recurso) no tiene efectos suspensivos. Su interposición no aplica la nulidad de la norma", ha advertido en declaraciones a esta agencia de noticias el miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) Edmundo Rodríguez.

En este contexto, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, explica que "la única vía que puede corregir al legislador es el TC". "Esa llave la tienen los partidos. Cabe la posibilidad que un juez cuando aplique estas leyes plantee la cuestión de inconstitucionalidad a la hora de resolver. La verdad que no hay otra forma", ha reconocido.

A su juicio, cuando se habla de modificar leyes que contienen asuntos "tan esenciales" se deberían utilizar otro tipo de trámites y no "colarlos por enmiendas o proposiciones de ley" para esquivar los informes correspondientes. "Uno esperaría que cuando vayan a cambiar leyes tan importantes utilicen mecanismos pensados para hacer un estudio técnico", ha anudado.

LA VÍA EUROPEA

Aunque la vía más factible es la del recurso ante el TC, las asociaciones también apuntan la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Carbonero, sin embargo, avisa de que la misma ha de ser encuadrada dentro de una "vulneración de un derecho comunitario". "Pero en el derecho comunitario es mucho más complicado, porque en el ámbito penal no hay regulación", reconoce el representante de APM.

En el mismo sentido se ha expresado Vaquero, que ha asegurado que la vía europea "no es fácil". "Cuando un juez español está aplicando derecho de la Unión Europea puede preguntar cuando tenga dudas. Es una vía distinta e independiente de la cuestión de inconstitucionalidad. Es difícil de ver en un caso y complejo de encontrar un vínculo con derecho de la Unión", ha añadido.

Rodríguez considera que la vía de la cuestión prejudicial es "tan remota que es prácticamente inexistente". "Para plantearla tendría que haber un procedimiento en que se aplique la norma y que haya dudas. Que yo sepa no hay normativa europea que pudiera verse vulnerada", ha explicado.