Verdes Equo, Ecologistas y Dean presentan alegaciones contra el coto de caza en Puente Viesgo y Torrelavega

Las tres organizaciones vuelven a reclamar a la administración "el cumplimiento" de la Ley de Caza de Cantabria, como ya hicieron con el de Polanco o el polémico de Bezana-Piélagos y, a través de un extenso documento, vuelven a justificar los motivos por los que "nunca" se deberían proponer cotos de caza en lugares densamente poblados o de gran afluencia de público.

Según explican en un comunicado, la constitución de un coto en los citados municipios "no sólo perjudica a la fauna y a la biodiversidad en general, también pone en riesgo a aquellas personas que quieren disfrutar de la naturaleza sin amenazar su conservación".

A su juicio, "es una tremenda irresponsabilidad promover la naturaleza como reclamo y a la vez permitir una actividad como la caza. Nadie quiere pasear por donde puede llevarse un tiro".

Para las tres entidades, la solicitud publicada el pasado 27 de julio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la constitución del coto de caza "deportivo" en Puente Viesgo y Torrelavega, "sigue mostrando los vicios de las solicitudes anteriores de Polanco y Bezana-Píélagos e incumple artículos de la Ley de Caza de Cantabria 12/2006 de forma sistemática".

Argumentan que "se incluyen en este coto indiscriminadamente" todo tipo de parcelas públicas, privadas, urbanas, rústicas residenciales, incluso parques infantiles, la iglesia y el cementerio de Nuestra Señora de Aés, así como el conjunto de cuevas prehistóricas del Monte Castillo, el nuevo Centro de Arte Rupestre de Cantabria, sendas peatonales y ciclables como la Vía Verde del Pas, parte del Monte Dobra, o entornos del colegio y polideportivo de Vargas.

En este sentido, critican que la Consejería, que es la que "debería velar" por el cumplimiento de la normativa, "es quien firma este tipo de solicitudes de constitución de cotos en lugares en los que siguiendo la Ley de Caza, sería imposible practicar la actividad cinegética".

Y defienden que las administraciones "no pueden actuar como si los efectos de la expansión demográfica, social y urbanística y sus actividades correlacionadas, añadidos a las consecuencias del cambio climático, no existieran ni afectaran a la protección y conservación de la biodiversidad y la seguridad ciudadana".

Destacan además que "la inclusión de terrenos de manera indiscriminada, con el afán de poder llegar a la superficie mínima de 750 hectáreas continuas, y de al menos un aprovechamiento cinegético del 75% de los terrenos, induce situaciones como las que ya denunciaron en Polanco y Bezana-Piélagos".

Al respecto, reiteran que "el descontrol urbanístico que ha existido y existe en Cantabria, afecta directamente incluso a la actividad cinegética"; y en este caso, "la cada vez mayor dependencia del sector turístico, también condiciona la cada vez más minoritaria actividad cinegética".

"No podemos consentir que la actividad cinegética para la que se solicita autorización, y que además es de carácter minoritario, provoque un grave deterioro en la conservación y protección de la biodiversidad tanto en los municipios afectados como en los limítrofes y sea, además, contraria al necesario equilibrio que debe existir entre la realización de actividades humanas y un entorno natural protegido", concluyen las tres organizaciones.