Unos 110 cántabros están a la espera de plaza en una residencia, sobre todo en Santander y Torrelavega

TORRELAVEGA, 26 (EUROPA PRESS)

Unos 110 cántabros están a la espera de que se les conceda plaza en una residencia, especialmente en las áreas de Santander y Torrelavega.

Una cifra que ha crecido por el cambio de sistema introducido por el Gobierno PP, que prioriza que prioriza la libertad de elección de centro en base a las preferencias de los usuarios, según ha defendido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, en la entrevista de RNE de este domingo, recogida por Europa Press.

La consejera ha explicado que antes se eliminaba a las personas en cuanto rechazaban una plaza, aunque fuera en una residencia alejada de su zona, pero ahora, aunque decidan no aceptar una plaza cuando quede libre, se les mantiene en la lista de espera, porque los 'populares' defienden que "hay que dejar elegir en dónde quieren vivir".

No obstante, Cantabria tiene en marcha proyectos para la construcción de cinco nuevas residencias que servirán para ofertar en los próximos años unas 420 plazas más, ubicadas sobre todo en las áreas de Santander y Torrelavega.

Aunque estos proyectos son de iniciativa privada, el Gobierno regional tiene intención de concertar algunas de las plazas.

Además, el Ejecutivo también tiene previsto desarrollar un estudio de la situación de los servicios sociales en Cantabria para ver qué necesidades asistenciales hay, qué tipo de residencias y cuántas plazas se necesitan o cómo se puede mejorar la ayuda a domicilio para, en base a todo ello, "tomar decisiones".

Y en función de esos datos, asimismo, se decidirá qué proyecto impulsar en las instalaciones del centro psiquiátrico de Punta Parayas, que el Gobierno ha defendido destinar a un complejo asistencial sanitario y residencial para los mayores tras rechazar la construcción de un centro de acogida de refugiados que tenía planeado el anterior Ejecutivo (PRC-PSOE).

Por otro lado, la Consejería tiene en mente modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales, que Gómez del Río ha calificado como "una buena ley" pero que ya tiene 14 años y debe actualizarse y "adaptarse a las nuevas demandas". Un objetivo en el que este departamento comenzará a trabajar "a principios de 2024".