Santander ordena el desalojo y apuntalamiento del edificio número 8 de la calle Santa Clara

En la actualidad, el edificio se encuentra ocupado únicamente por tres viviendas en régimen de alquiler y locales comerciales, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha explicado que la decisión se adopta tras los informes realizados por los técnicos municipales y la documentación aportada por la dirección facultativa de la obra que se ejecuta en el inmueble.

Y es que considera técnicamente necesario mantener desalojado el edificio durante las operaciones de apuntalamiento y estabilización estructural que impliquen intervenir sobre elementos resistentes o realizar transferencias de cargas.

Por ello, el Ayuntamiento ha establecido un plazo máximo de 48 horas para hacer efectivo el desalojo y un plazo de dos semanas para realizar el apuntalamiento completo e incorporar las medidas adicionales que resulten necesarias para garantizar la seguridad.

Navarro ha explicado que la empresa propietaria adquirió la totalidad del edificio y, posteriormente, inició unas obras de reforma interior, en las que tiró tabiques que han hecho que no se pueda garantizar la seguridad del edificio.

Ante esta situación, se determinó la necesidad de apuntalar el edificio completo y realizar un estudio que permita determinar las actuaciones de refuerzo estructural.

A propuesta de la dirección facultativa, quien expresó que es necesario que no permanezcan en el interior personas ajenas a las obras a la vista del estado de la estructura, los técnicos municipales han ordenado el desalojo.

"Nuestra obligación es anteponer la seguridad de los vecinos y conseguir que puedan regresar a sus casas cuanto antes y con todas las garantías", ha señalado Navarro.

Así, el concejal ha asegurado que los servicios municipales realizarán un seguimiento de las actuaciones que se ejecuten durante los próximos días para comprobar el cumplimiento de la orden y verificar que se han adoptado el apuntalamiento y las medidas adicionales necesarias antes de permitir la nueva ocupación de las viviendas.

"Ahora nuestra prioridad absoluta son las personas afectadas. Vamos a exigir a la propiedad que actúe con la máxima rapidez para garantizar la seguridad del edificio y reducir al mínimo posible las molestias y el tiempo que los vecinos tengan que permanecer fuera de sus hogares", ha matizado.

Ahora, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la propiedad y de los inquilinos afectados los servicios sociales municipales, con el fin de prestarles el apoyo y la atención que puedan necesitar durante el tiempo en que deben permanecer fuera del inmueble.