IU alega contra el proyecto del aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas y solicita su paralización

En un comunicado, la formación ha denunciado este jueves que el expediente municipal se ha tramitado "sin cumplir los requisitos legales en materia ambiental y urbanística".

"No tiene sentido que el Ayuntamiento insista en que no es necesario estudiar el impacto medio ambiental, cuando se trata de una zona del litoral santanderino integrada en el Geoparque Costa Quebrada, y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental obliga expresamente a ello cuando se actúa en zonas ambientalmente sensibles como ésta y especifica muy concretamente que dicha evolución debe realizarse siempre en caso de construir aparcamientos", ha insistido el concejal de la formación Keruin Martínez.

En opinión del edil, que en los últimos días ha mantenido reuniones y ha consultado a técnicos especializados en ordenación territorial y legislación ambiental para analizar en profundidad el expediente del proyecto, la legislación nacional es clara y de obligado cumplimiento por encima de cualquier otra normativa.

"Se trata de una transformación agresiva en una zona especialmente sensible, porque ya no se trata solo del asfaltado, si no de que, de facto, lo que se está construyendo es un camping para autocaravanas", ha sostenido, apuntado que, "si ha de realizarse alguna actividad, el informe del impacto ambiental se convierte en un requisito imprescindible para desarrollar cualquier proyecto".

Además de la cuestión ambiental, Izquierda Unida subraya que el proyecto se ubica en una de las Áreas Específicas que delimita el PGOU de Santander de 1997, actualmente en vigor, que no contempla la construcción de un aparcamiento para autocaravanas, además de fijar su ordenación a través de un Plan Especial y de un Proyecto Unitario, algo que, en palabras del edil, "no consta que se haya hecho".

"Cualquier modificación sustancial del uso del suelo, como la prevista en este proyecto, exige previamente una modificación puntual del planeamiento urbanístico, trámite que no se ha iniciado ni figura en la documentación del expediente", ha revelado Martínez, que también ha recalcado que el proceso requeriría, además, de exposición pública.

FONDOS EUROPEOS

El presupuesto del proyecto asciende a 1,33 millones de euros, de los que 800.000 corresponden a fondos europeos Next Generation.

En este sentido, el concejal ha recordado que los Next Generation tienen como requisito indispensable la protección medioambiental, "por lo que la composición del proyecto y la falta de trámites correspondientes pueden conllevar la pérdida de los fondos".

"Si finalmente se pierden, los únicos responsables serán Gema Igual y su equipo de Gobierno por insistir en proyectos mal pensados, pobremente justificados y solo planteados como pelotazo urbanístico", ha denunciado.

Más allá de los aspectos legales, Izquierda Unida denuncia que el proyecto de Mataleñas se presenta "bajo el discurso de la sostenibilidad y la naturalización, pero en realidad contempla la tala de once árboles de gran porte, el asfaltado de más de 3.000 metros cuadrados y la impermeabilización de más del 60% de la superficie".

Igualmente ha manifestado que las zonas verdes que se muestran en los planos, según la propia memoria del proyecto, están compuestas por materiales como arena granítica y bases de hormigón que dificultan o impiden el crecimiento de vegetación real. Asimismo, las aceras no cumplen los mínimos de accesibilidad legal, al no alcanzar los 1,80 metros de anchura libre exigidos por la normativa.

"Lo que se está licitando es una transformación urbana encubierta en una zona verde protegida, sin evaluación ambiental, sin participación ciudadana, y con una planificación hecha de espaldas al interés público", ha insistido Martínez, quien ha apuntado a "intereses privados detrás del proyecto, ya que el PP ya adelantó en los Consejos de Distrito que tiene intención de privatizar la gestión de este parking, como todo lo que hace en Santander".

PARALIZACIÓN DEL PROCESO

Por todo ello, en las alegaciones presentadas Martínez ha reclamado la paralización del proceso de contratación hasta que el órgano ambiental competente determine si debe aplicarse o no la evaluación ambiental simplificada.

También se pide que, en caso afirmativo, el procedimiento se suspenda hasta completar dicho trámite y se garantice el cumplimiento íntegro de la legislación ambiental y urbanística.

Finalmente, Izquierda Unida solicita que se valoren otras ubicaciones para el aparcamiento, "que sí es necesario", y se abra un proceso participativo "real" con los vecinos afectados, para evitar un conflicto institucional, social y judicial que puede derivarse de una mala planificación, "dado que el actual proyecto ya ha levantado fuertes críticas vecinales, que se plantean movilización social o incluso acudir a los tribunales".