Pascual avisa: "No existe ningún plan de contingencia capaz de neutralizar una huelga médica indefinida si se prolonga"
Afirma que Cantabria no asumirá las responsabilidades políticas
El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha avisado de que "no existe ningún plan de contingencia capaz de neutralizar una huelga médica indefinida si se prolonga en el tiempo" y ha asegurado que su departamento no sabe cuántas consultas y pruebas se perderán en la convocada contra la reforma del estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad (Sumar).
"Una huelga indefinida tiene una característica terrible: sabemos cuándo empieza y nadie sabe cuándo termina", ha subrayado para alertar de que si en las seis huelgas intermitentes de diciembre a junio se cancelaron 169.149 actos asistenciales en Cantabria, "sí se sabe perfectamente cuál puede ser la dirección del daño".
En este punto ha lamentado que "lo único" que no se puede hacer es "fabricar tiempo". "Podemos reorganizar agendas, recuperar actividad, poner más recursos, pero no podemos devolverle a un paciente el tiempo que ha pasado esperando".
Así lo ha dicho este lunes en el primer Pleno del nuevo curso político del Parlamento autonómico cuestionado por Vox, donde ha mostrado que el Gobierno está "extraordinariamente preocupado" ante esta protesta prevista a partir del 28 de octubre.
Pascual ha incidido en los datos de las seis semanas de huelga que dejaron 169.149 actos asistenciales cancelados: "consultas que no se hicieron, pruebas diagnósticas que se aplazaron, intervenciones quirúrgicas que tuvieron que suspenderse y con un impacto estimado en 16,3 millones de euros".
Sin embargo, ha recalcado que "el verdadero coste está en los pacientes". Y es que, según las estimaciones de Salud, sin el impacto de estas huelgas, hoy habría aproximadamente "1.900 pacientes menos en lista de espera quirúrgica; casi 5.000 pacientes menos esperando una consulta, y cerca de 15.000 pacientes menos esperando una prueba de diagnóstica". Además, la demora quirúrgica "estaría alrededor de 132 días, no en los 154 actuales".
"Es decir, aproximadamente 22 días de diferencia que nos han costado las huelgas. Por tanto, no necesitamos imaginar qué hace una huelga médica sobre las listas de espera. Lo sabemos y lo advertimos una y otra vez", ha dicho.
CANTABRIA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
El consejero ha reiterado que este conflicto por el estatuto marco "no nace en Cantabria" ni es "una consecuencia de una decisión del SCS o de la Consejería", sino que se desarrolla en torno a una reforma promovida por la ministra del ramo, Mónica García.
En este punto, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de seguir adelante con la reforma del estatuto marco "sin negociar".
Por ello, Pascual ha pedido que "no se confundan las responsabilidades". "Una cosa es quién genera y debe resolver el conflicto político y laboral y otra cosa es quién tiene que gestionar las consecuencias. Porque ahí está la paradoja", ha remarcado.
"El Ministerio decide promover la reforma de forma no negociada y nosotros recibimos las huelgas. El Ministerio negocia supuestamente y nosotros suspendemos las operaciones. Los pacientes que esperan están en Cantabria y después se pretende que sean las comunidades autónomas quienes expliquemos por qué aumentan las listas de espera. Pues no. Cantabria asumirá su responsabilidad, pero no asumirá la responsabilidad política que corresponde a otros", ha aseverado.
Y ha abogado por que la comunidad utilizará todos los recursos disponibles para recuperar la actividad, pero "hay que decir la verdad a los ciudadanos: no existe ningún plan de contingencia capaz de neutralizar una huelga médica indefinida si se prolonga en el tiempo".
Por último, el consejero ha dicho que el Ministerio "conoce el precedente, el impacto de las huelgas, la amenaza de la huelga indefinida y el conflicto que tiene encima de la mesa".
Sin embargo, "no está dispuesto a negociar", ha lamentado, reiterando que la responsabilidad del Gobierno de Cantabria es "proteger a los pacientes cántabros" y la del departamento de García "hacer todo lo que esté en su mano para resolver el conflicto estatal".
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