El Consejo de Gobierno aborda el convenio del SCS y Santa Clotilde para reforzar la capacidad asistencial

El Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento este jueves el convenio que vincula al Hospital Santa Clotilde de Santander con la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para reforzar la capacidad asistencial del sistema público en áreas clave como geriatría, rehabilitación, cuidados paliativos, cirugía y diagnóstico.

El convenio sustituye los actuales contratos de prestación de servicios quirúrgicos y hospitalización de media y larga estancia, y establece una colaboración estructural con el Hospital Santa Clotilde, centro sin ánimo de lucro gestionado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, ha informado el Ejecutivo.

La vinculación contempla la atención hospitalaria, ambulatoria, programas de cribado (cáncer de mama y colon), y apoyo al Plan Integral de Listas de Espera.

El acuerdo, que cuenta con una vigencia de 16 años prorrogables hasta 20, incluye una dotación presupuestaria anual de 15,9 millones de euros, financiada íntegramente por el SCS, y prevé mecanismos de seguimiento, evaluación, inspección y penalización por incumplimientos.

Este convenio refuerza la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, optimiza recursos existentes y mejora la respuesta del sistema cántabro ante los retos asistenciales y demográficos actuales, ha indicado el Gobierno.

Se trata de uno de los asuntos abordados este jueves en la reunión del Consejo, en la que también se ha aprobado la celebración de un acuerdo marco, con un presupuesto máximo de licitación de 35,7 millones de euros y una duración de 24 meses, prorrogables por otros 24, para la contratación del suministro de medicamentos exclusivos destinados al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, centro de referencia nacional en terapias avanzadas CAR-T.

El expediente contempla seis lotes de medicamentos biológicos y para fibrosis quística, todos ellos comercializados por laboratorios únicos.

APROBADO EL DECRETO DE LA MARCA `SABE A NORTE`

Además, el Gobierno ha aprobado el decreto que regula el uso de la marca de calidad diferenciada `Sabe a Norte`, que sustituye a la anterior, `Alimentos de Cantabria`, que no obtuvo la validación de la Comisión Europea.

`Sabe a Norte` nace con el objetivo de promover productos agroalimentarios y pesqueros que cumplan requisitos específicos de calidad, sostenibilidad y responsabilidad social, económica y medioambiental, alineándose con las estrategias europeas del Pacto Verde, `De la Granja a la Mesa` y `Biodiversidad`.

La marca está registrada conforme a la Ley de Marcas y podrá ser utilizada por operadores de toda la Unión Europea que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento.

Podrán solicitar el uso de la marca productores, elaboradores, transformadores y establecimientos adheridos que comercialicen productos con calidad diferenciada, como los amparados por denominaciones de origen, producción ecológica, normas técnicas reconocidas o protocolos privados certificados.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Por otra parte, el Consejo ha aprobado la celebración de un convenio de colaboración entre el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogable por acuerdo mutuo, con la finalidad articular la atención al público en la Red de Centros de Interpretación del Patrimonio Natural del Sur de Cantabria, y reforzar la educación ambiental, la sensibilización ciudadana y la valorización del entorno rural.

Asimismo, ha acordado trasladar al Parlamento el acuerdo de colaboración para la constitución de una agrupación entre las administraciones de Cantabria, Extremadura, Islas Baleares y la Región de Murcia para ejecutar el Proyecto `Ecosistema emprendedor para un territorio rural y marino inteligente (TRIRURALTECH)` en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha ratificado la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Comunidad Autónoma, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas (AMAT), con el objetivo de mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes, especialmente en patologías traumatológicas.

Este convenio permitirá que las mutuas colaboradoras pongan a disposición del Servicio Público de Salud recursos diagnósticos y terapéuticos para agilizar la recuperación de los pacientes.

En materia de Educación, el Consejo ha aprobado modificar el decreto que regula la expedición de títulos y certificados académicos y profesionales en niveles no universitarios. Esta reforma responde al "notable" incremento en la emisión de certificados de idiomas, que han pasado de representar menos del 5% en 2008 a más del 30% en 2024, con más de 5.000 expedidos ese año.