Trinidad Jiménez precariza la atención a la Dependencia

Su primera decisión agrava errores anteriores, ahora va a primar a las autonomías a aquellas autonomías que, como la de Andalucía, más han precarizado la atención a mayores y discapacitados, con denuncias incluidas de sindicatos y empresarios.

Las regiones que han optado por crear un nuevo PER, una nueva red clientelar, con pequeñas cantidades para llegar con “cuidados informales” y “atención no profesional” a un gran número de personas, se llevan la mayoría de los recursos que debieran ser por igual para todos los españoles.

Así se prostituye letra y espíritu de la ley, y en lugar de valorarse los servicios residenciales y de todo tipo que se han de prestar a quienes lo necesitan prevalecerá el número de atendidos, que serán a partir de ahora muchos pero en sus casas y son bajísima aportación, nada de profesionalidad ni de costosas residencias.

Con los actuales mimbres presupuestarios no hay posibilidad alguna de éxito, no será culpa suya, tampoco lo fue de la destituida Mercedes Cabrera, pero el actual sistema de la dependencia, en caso de existir y  cuando se cumplen dos años desde su aprobación parlamentaria, es inviable.

En poco más de un año tres ministros, Caldera, Cabrera y Jiménez y con  encaje en tres ministerios distintos, junto a Trabajo, después en Educación y ahora finalmente con Sanidad, da igual, ni son los gestores, ni es la compañía, es el propio esquema de la ley de dependencia lo que falla y va a seguir fallando.

Caldera y Cabrera fueron cesados sin recolocación, todos los partidos, todas las autonomías, sindicatos, empresarios y los propios representantes de las personas con discapacidad, muestran su disconformidad con la aplicación de una norma que todos aprobamos.

Hace dos años las afirmaciones de que la puesta en marcha de La ley de la Dependencia era un auténtico dislate realizadas por el Partido Popular sonaban tan extrañas, como extravagante resulta hoy encontrar a alguien que hable bien de ella.

No era necesario que la Organización de Consumidores y Usuarios denunciara retrasos de hasta quince meses en la tramitación de las ayudas, ni que el Comité Español de Representantes de las personas con Minusvalías llevaran al gobierno de Zapatero a los tribunales, pero son útiles para conocer que todos los pronósticos que hicimos hace dos años, desgraciadamente se han cumplido.

Para que exista realmente un sistema nacional de la dependencia son necesarias al menos tres cosas.

Primero, decir la verdad, los anuncios exagerados, el exhibicionismo político de Caldera y Zapatero sobre un “nuevo derecho de ciudadanía”, que nos hacía pasar de la nada de Aznar al todo socialista fue creído por los mismos que hoy frustrados exigen explicaciones.

La ley fue simplemente un pasito, un intento de ordenar diecisiete sistemas preexistentes, sin ningún servicio nuevo, una leve mejoría nada del cuarto pilar del estado del bienestar, ni frases grandilocuentes que generaron tanta expectación entonces como desazón hoy, hubo en su aprobación mucha política y poca técnica, excesivos mensajes y nula profesionalidad.

Segundo aportar los recursos que lleven a que el gobierno de España aporte el 50% de los recursos públicos, como en su día se afirmó y no el 20%, como ocurre en la actualidad. Sólo con los 400 euros que Zapatero hace que nos deduzcamos de la renta se multiplicaría por más de cuatro el presupuesto anual para la dependencia.

Finalmente dotar de un contenido mínimo común, como recoge por cierto el plan de doce medidas de reformas estructurales propuesto por Rajoy, a todos los servicios y prestaciones del sistema. El ejecutivo prescindió de los decretos de obligado cumplimiento para dictar simples recomendaciones, con lo que ni los servicios, ni las calidades, ni tampoco el coste para el usuario son las mismas en las 17 autonomías.