Tarde, pero imprescindible.

 Ahora, con urgencia, tras el suicidio de una vecina de Baracaldo, el PP y el PSOE han acelerado los trámites para llegar a un consenso que permita modificar la ley. Con la reprimenda de las instituciones europeas, la protesta de los jueces convertidos en verdugos de una legislación injusta y la gente en la calles pidiendo justicia y dejando  mensajes en los cajeros donde  llama "asesinos" a los responsables de las instituciones financieras , Rajoy anuncia medidas para el lunes próximo.

   Llega tarde, como siempre, pero puede que aún pueda salvar a las más de trescientas sesenta mil familias que, según los cálculos más optimistas, pueden verse en la calle entre este año y 2014.

   Dos suicidios, y las protestas y encierros de diferentes colectivos contra los desahucios, han obligado al Gobierno a poner coto a una injusticia "colosal", adjetivo este que tanto gusta a Rajoy. Los dramas humanos, vividos hasta ahora por la implacable exigencia bancaria del pago de la hipoteca, incluso a familias con todos sus miembros en paro, no habían conseguido emocionar a ningún miembro del Ejecutivo.

   Precisamente esta semana han comparecido ante el juez parte de los miembros del anterior Consejo de administración de Bankia, una de las entidades que más gente esta dejando sin vivienda. Ocho de ellos han declarado imperturbables ante el magistrado que no se enteraron del agujero patrimonial y que sólo asistían a las reuniones de la Junta. Por esa loable tarea  de convidados de piedra y cómplices del desastre se llevaron la jugosa cifra de dos millones doscientos mil euros cada uno.

   El caso más indignante de esta  troupe de inmorales es el de Mercedes Rojo Izquierdo que, sin tener ni idea de contabilidad  ni de finanzas (hizo farmacia y no acabo la carrera), formo parte de la Comisión  de Auditoria del banco. Su único mérito: haber sido asesora y amiga de Esperanza Aguirre. Así se repartían los cargos con suculentos haberes en Caja Madrid. No es de extrañar que ahora los afectados por las hipotecas se encierren en sus oficinas y se nieguen a salir sin una solución.

   Si la salvación de Bankia va a salir de los bolsillos de todos los españoles que son los que van a devolver con sus impuestos el rescate pedido a Europa, por culpa de la fraudulenta gestión llevada a cabo por los políticos puestos al frente de la entidad por el Partido Popular, lo imprescindible es que sea el Gobierno quien resuelva el daño causado.

   Tras el bochorno de que el Tribunal de Justicia europeo nos haya tenido que recordar que la normativa española de desahucios choca con la ley de defensa del consumidor de la UE, es absolutamente necesario  que Rajoy anuncié el lunes medidas de verdad eficaces para acabar con esta vergüenza de echar a la pobre gente a la calle.