Simulacro de Administración

Pan y circo a base de simulacros intermitentes e inacabados de la administración de justicia, intentando distraer a una población bastante sedada con noticias que aparentemente quieren oír y escuchar, pese a que no cantan la realidad, sino que moldean aquello que pretenden distorsionar muy bien conducido por el director de orquesta, que se mantiene escondido entre bambalinas, pero que con sus miradas y gestos, sus acciones y direcciones, marca la diferencia.

La justicia al haberse olvidado de investigar de oficio la amnistía propuesta y aplicada por el Ministerio de Hacienda a los evasores de la lista Falciani española tuvo necesidad de que fuera rescatada. De ahí que la administración de la injusta Justicia sea responsable en cuanto que se ha generado un delito y ha prescrito sin haber cumplido condena. Las prohibiciones son fomentadas por la especie humana en una ley y la correspondiente contraley. Matices que distinguen. Entre políticos anda el juego de la deshonestidad, por supuesto, siempre que obtengan ayuda de quien menos se espera fuera del escenario, es decir, de la propia justicia, que actúa, tal es el color del cristal por el que se deja mirar, con debilidad, pasividad.
¿Qué Gobierno tan insensato tiene el reino de España que aún no ha sido capaz de arreglar la desaparición del delito de alta traición? Jurar o prometer un cargo público no debería ser, como las pantomimas de antes y de ahora, las de siempre: una romería, sino un acto legislado, y más serio, incluso con consecuencias y con menos aforamiento. Porque la responsabilidad de todo lo que afecta al territorio español no es de los contribuyentes ni de los votantes, sino de los propios políticos, trastornados por una pedrada. Escasas neuronas parece que utilizan en lo colectivo, aunque demasiadas en lo individual. Tanto querer llegar a acariciar el poder para gobernar y cuando lo alcanzan no saben cómo hacerlo.
Aquél que quiera ocupar un cargo público español se le debería exigir, por ley, que fuera responsable y respetuoso con los contribuyentes. Los políticos españoles deberían indemnizar a los contribuyentes los cuarenta años que se han sacrificado por ellos sin siquiera merecerlo. Debería prohibirse constitucionalmente ejercer el oficio de político, ya sea de primera o última fila, hasta que no haya cotizado, ya sea como trabajador por cuenta ajena o como autónomo, un mínimo de cinco años, a fin de que obtuviera un mínimo conocimiento de cómo funciona una empresa. De esta manera la gente que ha elegido este oficio, renovable cada cuatro años, no se apoltronaría ni utilizaría pegamento que lo mantuviera durante más años de los deseables en un reducto que sólo busca el estado de su bienestar en lugar del estado de bienestar de la sociedad, gestionando con más calidad un dinero que no es ni mucho menos suyo.
Se echa de menos el ostracismo aplicado al político que incumple con la democracia. Las noticias no se conocen cuando se descubren, sino cuando políticamente interesa que se conozcan. Las calificaciones de irregularidad e ilegalidad, desde el punto de vista político, deberían ser revisadas por la RAE. En cuanto un demagogo se acerca y toca una parcela de poder su nerviosismo conflictivo se transforma en una coherente calma chicha.