No hay opción.

   Monserrat Gomendio, secretaria de estado de Educación, con gran mando en plaza, lanzó esta semana una advertencia: "no amenaza", a las comunidades autónomas díscolas con "su" ley de Educación (al fin y al cabo es indiferente que se llame la ley Wert).

   Recordó a País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias que la aplicación de la misma no es opcional. Que, si no se imparte en sus estrictos términos, los chavales pueden suspender las previstas revalidas y no obtener ninguna titulación. Recordó la "generosidad" del ministerio que había dado un año más de plazo en un tramo de la enseñanza para que se ajustaran los calendarios.

   Precisamente en septiembre de este año, la discutida ley, que toda la oposición se ha declarado dispuesta a derogar en cuanto cambie el gobierno, comenzará a aplicarse en primaria y en esa rara modalidad de formación profesional en la que se puede repetir curso tras curso. En primaria la modificación más destacada con respecto a la norma anterior es la desaparición de "Educación para la ciudadanía" y su sustitución por Religión o Valores sociales y cívicos.

   Cuando la "ministra bis" advierte que no hay opción, conviene echar la mirada atrás y recordar lo que ocurrió con la aplicación de la ahora derogada asignatura. Acusada de "totalitaria" por los bien pensantes, porque incluía materias como educación sexual, familias mono parentales o el respeto a la homosexualidad, llegó a ser calificada por el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, como "un ataque más a la familia", y advirtió a los centros que la impartieran de "estar colaborando con el mal". Pero la oposición más chusca fue la protagonizada por la Comunidad Valenciana, a la sazón presidida por el inolvidable Francisco Camps (que tanto hubiera necesitado de unas normas éticas en la escuela), al ordenar que la asignatura de Educación para la ciudadanía se aprendiera en inglés; sabiendo que, ni los niños tenían suficiente conocimiento de la lengua de Shakespeare como para entender los conceptos, ni había suficientes profesores de inglés para darla. Pero así empezó el curso y hubo de dirimirse el litigio en los tribunales.

   Los niños valencianos fueron sometidos a una experimento ideológico y ahora, nuevamente, van a ser los alumnos de primaria los que estudien unas materias efímeras dado que todas las comunidades autónomas, contrarias a la ley Wert, van a presentar recursos de inconstitucionalidad contra la misma y las fuerzas políticas de la oposición se han comprometido a derogarla.

   Los pésimos resultados de la educación en nuestro país son en gran medida fruto de la falta de consenso en un tema básico para cualquier Estado como es la enseñanza a las nuevas generaciones. Y es sin duda el cambio permanente de los planes de estudios el que propicia los resultados ya conocidos del informe PISA.

   La jerarquía católica estará muy satisfecha porque se ha salido con la suya, pero lo pagarán los profesores y, sobre todo, los alumnos.