La senda de la pobreza.

 La precariedad, la exclusión social, los hogares con ingresos de menos de doce mil euros al año alcanzan al  43,7% de la población. O lo que viene a ser lo mismo, más de veinte millones de seres humanos cercanos a la exclusión.

   La pregunta es si un país puede permitirse estos niveles de dolor social y hasta cuando este sector de la población va a seguir aguantando solo con el sostén familiar las dificultades de la vida diaria. Las manifestaciones celebradas en toda España el miércoles pasado, tras la huelga general, con una participación no vista desde hace años, demuestran que la sociedad española ha rebasado el umbral del descontento para entrar, como una riada, en la indignación.

   Los datos aludidos en el primer párrafo no están elaborados por un estudio de los sindicatos, forman parte de un amplio informe de los técnicos de Hacienda con el revelador nombre de "Adiós a las clases medias". Porque es este segmento de la población sobre el que han recaído todos los impuestos, incluidos los últimos del Partido Popular (esos que dijo que nunca recaudaría), la subida del IVA, la bajada de los salarios y los recortes sociales.

   Ahora, precisamente ahora, que miles de familias se ven obligadas a sacar a sus hijos de la enseñanza privada por falta de ingresos para abonar sus cuotas, es cuando la pública sufre el mayor recorte de los últimos veinticinco años. Ahora, cuando no hay más remedio que  darse de baja en los seguros médicos privados, el Gobierno y las comunidades autónomas intentan privatizar la red hospitalaria de la sanidad pública y se expulsa del sistema a los parados de larga duración y a los inmigrantes sin papeles.

   La desigualdad social avanza a pasos agigantados sin que nadie le ponga remedio y sin que ningún partido con representación parlamentaria haga una propuesta alternativa para dar la vuelta a esta injusticia.

   Esta falta de iniciativa de la clase política es la que está obligando a tomar la calle a los ciudadanos que se sienten pisoteados en sus derechos y a los que nadie ofrece una salida a la crisis. No la macroeconómica, no la financiera, no la europea ni siquiera la global. La crisis institucional de este país que están pagando los más débiles.

   La tímida y pacata "moratoria" a los desahucios,  aprobada en el Consejo de ministros,  va a obligar a muchas familias a emprender una carrera contra reloj para demostrar que son pobres de solemnidad y conseguir así que les concedan dos años más antes de echarles de sus casas. Esto no va a parar el movimiento de solidaridad ciudadana tejido en torno a la plataforma "Stop desahucios". Los derrotados por la mala gestión de la crisis no van a volver a la resignación y al silencio. Han descubierto que juntos y reivindicando sus derechos lograran imponerse a la apatía y al desgobierno.