La corrupción se paga

     Pero si se paga en Bruselas. Por ejemplo, la UE ha cortado el grifo de la línea de ayudas a Andalucía, o sea,  interrumpe los pagos del Fondo Social Europeo al descubrir el fraude masivo en las subvenciones de empleo. En este caso no se trata del escándalo del ERE sino de los cursos de formación para desempleados.

   El Tribunal de Cuentas Europeo detectó los fraudes en el otoño del curso pasado y, hace un mes y medio,  comunicó a la Junta de Andalucía que los casi seis millones de euros del Programa Operativo 2001-2013 quedaban pendientes de que los responsables andaluces fueran capaces de subsanar las irregularidades.  De no hacerlo serían suspendidos.

   No están las arcas andaluzas como para  perder seis millones de euros pero,  desde Bruselas, se asegura que a día de hoy todavía no se han dado explicaciones.

   ¿Qué coste electoral va a tener este y otros casos que afectan al socialismo andaluz en los comicios de mayo? Eso lo decidirán los votantes que también habrán de pensarse si siguen confiando en el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.

   El código ético andaluz de su formación exige que un imputado no pueda ir en una lista electoral pero, como ya es sabido por la experiencia de otras formaciones, los códigos contra la corrupción están para pasárselos  por el forro cuando conviene, porque son propios,  y para publicitarlos cuando interesa,  porque son ajenos.

   Torrijos, actual concejal del Ayuntamiento sevillano, está imputado en el "caso Mercasevilla" por adjudicar suelo público a una empresa,  Sanma, que ofrecía 106 millones, cuando había otra, Noga, que daba 158.

   También los votantes valencianos tendrán que decidir si es tolerable que un partido, el PP, que tanto alardeo de su código interno de conducta, presente en las listas para está Comunidad Autónoma, no solo a una candidato a la presidencia a punto de sentarse en el banquillo por aceptar regalos de una trama corrupta (¿a cambio de qué?), sino a todos los imputados e implicados en la misma trama.

   No es posible que los valencianos acepten este "trágala" del Partido Popular solo justificado por la convicción de que van a ganar hagan lo que hagan. Los ciudadanos de Alicante; Valencia y Castellón, tienen en sus manos dar una lección de ética y moral política a quienes se burlan  de los valores cívicos y menosprecian  a los electores. Votar en blanco es una forma de castigo.