La amnistía fiscal: ¿complicidad o encubrimiento?

Pese a los intentos de Montoro de llamar a la ley de amnistía fiscal ley de regularización de activos opacos, como era de prever, nadie le hizo caso. Todo el mundo lo llamó amnistía fiscal, como las veces anteriores. Y pese a las bondades anunciadas de que iba a conseguirse una repatriación de miles y miles de millones de euros, apenas se sacó para pagar los cafés. Ni siquiera sirvió para sacar los colores a los autores de las fechorías, que parecen tener cara de cartón piedra.

Yo que en algunas cosas soy ingenuo, creo que es cierto que pensaban que iban a recaudar más, y de esa manera poder justificar la inmensa humillación que a los ciudadanos decentes se estaba perpetrando. Supongo que tendrían unos parámetros de cálculo para establecer las cifras, pero me da miedo que tales parámetros procedieran del conocimiento de lo que se había venido haciendo, en que paraísos fiscales se pagaban algunas prebendas de la corrupción, como sabemos ahora.

También creo que se trató de una patriótica “ley de punto final”. Una especie de amnistía a lo argentino, pero en disciplina fiscal y tributaria. Quizás el fracaso en la recaudación se debiera a las dudas que en todo momento se suscitaba sobre la legalidad y la interpretación de la norma publicada, que incluso dio lugar a pintorescas aclaraciones y debates con los órganos de inspección del Estado. Se ha acusado algún ministro, de utilizar nombres de la lista de los acogidos para efectuar algún ajuste de cuentas de carácter puntual, entre propios y ajenos según algunos comentarios, que también me creo a pies juntillas. En los últimos años, el secreto mejor guardado del Estado, es esa lista de entre 1000 y 2000 contribuyentes de especial sensibilidad por su relación con las estructuras del poder, del poder en todos sus aspectos. A mí el resto me resulta indiferente, no pongo en duda que muchas regularizaciones procedían de errores habituales en la gestión de rentas y patrimonios, aunque la inmensa mayoría no creo que fuera así.

Hemos ido viendo en estos años que cada vez que se detenía a alguien vinculado con las altas estructuras del poder, resultaba que se habían acogido a la amnistía fiscal. Basta releer las hemerotecas para encontrar que los grandes procesos por corrupción, están viciados en sus efectos prácticos porque los presuntos inocentes se habían acogido a la mencionada amnistía. Como muchos son los llamados y pocos los detenidos tenemos que sospechar que la inmensa mayoría siguen estando en los puestos del poder tanto político y económico desde los que cometieron los hechos amnistiados, y los ciudadanos tenemos pleno derecho a saber quiénes eran, porque es injusto que sigan ocupando plazas cuando en sus conductas fueron tan desleales con el Estado y con el el resto de los ciudadanos. Es injusto que quienes utilizaron cargos de responsabilidad en el poder, desde el poder y desde los aledaños del poder para cometer las fechorías que les fueron indultados continúen en los cargos desde los que las cometieron. Y es injusto que las empresas desde las que se fomentaron y financiaron esas conductas sigan teniendo acceso a los contratos con el Estado.

Y en este sentido tengo que decir que, si creo que la intención de Rajoy fue la de acabar con ese estado de cosas, especialmente entre los que mejor conocía, aunque otra cosa es que lo haya conseguido, pues todos hemos podido comprobar recientemente, que en la joya de la corona que es la Comunidad de Madrid, desde la presidencia de la misma, se continuaba actuando como si aquí no hubiera pasado nada, como si el intento de acabar con la corrupción no fuera otra cosa que una mascarada.

Respecto a la sentencia, sin haberla leído aún por no estar publicada, me he llevado una sorpresa mayúscula, pues nunca sospeché que el Tribunal Constitucional, en el que los conservadores son mayoría fueran a dar este varapalo al gobierno. Parece ser que el ponente Arévalo fue diputado por el PP durante varias legislaturas y de alguna manera encabezó la revuelta, que en tal sentido le honra, también parece que el presidente renunció a su voto de calidad en aras a una sentencia consensuada y supongo que algunos de los pertenecientes a la llamada minoría progresista renunciarían en consecuencia a efectuar los votos particulares en los que hubieran hecho constar sus discrepancias y habrían hecho menudillos del gobierno y del propio tribunal. A menudo se ha escrito que algunos de los cónyuges de los ministros que aprobaron la norma se habían acogido a la misma, y si eso fuera así es evidente que tenían que haberse abstenido en la votación en el Consejo de Ministros. También se nos ha dicho, que la sentencia no implica consecuencias tributarias, ni lo afirmo ni lo niego, lo que sí afirmo es que debe tener las consecuencias políticas y no políticas habida cuenta de que los hechos rozan el encubrimiento de conductas indeseables y a menudo delictivas de miles de personas.