Jaume Matas, se acabó la fiesta.

   El ex presidente balear del PP y ex ministro del Gobierno Aznar, Jaume Matas, ingresara en prisión para cumplir la primera condena que le impuso la Audiencia de Palma. El que fuera puesto como ejemplo de buen gobierno en una comunidad autónoma está implicado en numerosas causas de corrupción. Se acabó la fiesta para un dirigente que embarcó a Baleares en proyectos megalómanos acordes con su sorprendentemente elevado tren de vida.

   Tras presentar un recurso detrás de otro, pidió un indulto al Gobierno que le ha sido denegado. Iba en un paquete en el que, salvo el juez Garzón, hay personajes tan populares como el torero Ortega Cano o Ángel Carromero, el dirigente de las juventudes del PP que se llevó por delante la vida de dos opositores cubanos cuando conducía sin puntos en el carnet en la isla caribeña.

   Pero, el caso más paradigmático ha sido el de Jaume Matas. Hubiera resultado un escándalo sin precedentes que Gallardón y Rajoy le hubieran concedido la gracia de no entrar en prisión cuando que, la propia Audiencia, denegó tal posibilidad ante su falta absoluta de arrepentimiento. Fue condenado por tráfico de influencias al contratar con dinero público a un periodista del Mundo que le redactaba sus discursos.

   Ejemplo evidente de la impunidad con la que han actuado determinados presidentes autonómicos, que convirtieron su paso por el poder en una forma fácil y rápida de hacerse ricos, Matas fue declarado culpable el pasado diciembre de un delito de cohecho por un jurado popular. Le pena ascendió a una multa de nueve mil euros y a devolver los más de cuarenta mil que recibió como regalo de un hotelero  por una contratación ficticia de su mujer.

   El caso no puede resultar más vergonzoso. Matas uso la influencia de su cargo para conseguir un contrato que nunca se cumplió pero por el que su mujer recibió tres mil euros durante un año. La sentencia dejó muy claro que el empresario accedió a ello por sentirse comprometido y presionado por la máxima autoridad en las islas.

   Pero aquí no acaban los problemas con la Justicia del ínclito político del PP. Imputado en la causa del desvío de más de cincuenta millones de euros en la construcción del velódromo Palma-Arena, en la malversación de caudales públicos por las donaciones al Instituto Noos de Iñaki Urdangarin y por la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para el anteproyecto de la Opera de Palma, otro plan faraónico que nunca se llegó a construir.

   Inmerso en la espiral de impunidad no dudó en comprarse un palacete en el centro de Palma de Mallorca, en cuya rehabilitación invirtió una verdadera fortuna cuyo origen no fue capaz de explicar.

   La lacra de la corrupción solo se borrará de la vida pública española cuando dirigentes políticos como este, que se aprovecharon de sus cargos para lucrarse, reciban el castigo penal ejemplar que haga desistir a los que ahora gobiernan  de seguir su senda.