El Gobierno convocará un nuevo concurso para la búsqueda de socio privado en el proyecto del Ecoparque Besaya

   Así lo anunció hoy el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, durante su comparecencia a petición propia en el Parlamento de Cantabria, para informar sobre el proyecto de construcción de viviendas protegidas, un parque empresarial y un área comercial en terrenos de la antigua mina de AZSA.

   Agudo avanzó que el nuevo concurso tendrá en cuenta lo fijado por la sentencia del TSJC, de la que incidió que no se centra en el fondo del proyecto, además de la situación de Alcalá 120, el socio privado inicial, que ahora es "100%" de Caixa Cataluña --en un principio esta era socia de Silver Eagle--, entidad financiera que ya ha transmitido al Gobierno su intención de abandonar el proyecto porque se está deshaciendo de activos en toda España.

   También se tendrá en cuenta que los ayuntamientos implicados ya han avanzado en la elaboración de sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que ahora ellos podrán atender a la demanda de viviendas protegidas en sus municipios, junto a consideraciones de carácter medioambiental.

   Entre las "reformulaciones" que se incorporan al proyecto, se encuentra, como recomienda la CROTU, la instalación de un pequeño Parque Tecnológico y un área centralizada para los dos parques empresariales, entre otros.

  El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Luis Carlos Albalá, criticó el "retraso" en el desarrollo de este proyecto, y lo achacó a la "mala gestión" del Gobierno.

"ESTAFA CONSENTIDA" O "PELOTAZO"

  El consejero de Economía relató la historia del cierre de la mina de Reocín, que para él fue una "estafa consentida" y un "chantaje" ante el cual el Gobierno no quiso ceder, lo que provocó que una constructora, "100% Azsa", presentara el recurso que dio origen a la sentencia del TSJC.

   Según detalló, el acuerdo para el cierre de la mina de Reocín tras el cese de actividad se adoptó en junio de 2003, con el Gobierno presidido por el 'popular' Martínez Sieso en funciones, ya que las elecciones habían sido en mayo y la nueva coalición no tomó posesión hasta julio.

   Agudo reveló que a su llegada a la Administración, se encontraron con que el bombeo de las aguas, financiado al 50% por el Ejecutivo regional, era para mantener en seco las galerías de la mina, es decir, para cubrir las necesidades de la empresa y que pudiera extraer el mineral, en lugar de para el mantenimiento ecológico del río Besaya, como se había justificado inicialmente.

   "Esa mentira ha costado 5,7 millones de euros", para los que tuvo que suscribirse un crédito por parte del nuevo Gobierno, aseveró Agudo, que recordó que le correspondía a la empresa asumir los costes de la regeneración medioambiental de la zona.

   Además, indicó que entonces se compraron terrenos por importe de tres millones de euros, sin tasación previa ni inscripción en el registro de la propiedad, que estaban contaminados.

   Frente a esto, el diputado del PP Luis Carlos Albalá defendió que el cierre de la mina fue "ejemplar", y afirmó "con la voz gruesa" que el proyecto del Gobierno es "un gran pelotazo público privado", con el que se quiso "transformar esa oportunidad en la oportunidad de ustedes y el adjudicatario".

   Para Albalá, la "fórmula innovadora de colaboración público privada" ha sido convertida por Agudo en un "absoluto fiasco", porque el "pelotazo ha salido mal". Aseveró que en este proceso "ha habido un Gobierno mentiroso" en el que "el señor Agudo ha sido el colaborador necesario de esa gran mentira".

   Frente a esto, Agudo le replicó que no puede haber pelotazo porque la empresa adjudicataria "se va". El consejero hizo hincapié en que esta operación, cuyo coste incluidos los pasivos cifró en 22 millones, fue hecha por algunas personas que siguen "en política activa en la comunidad", y le recordó al PP "lo que ustedes hicieron con el Prestige", donde "dilapidaron 60 millones" y se hicieron "facturas dobles", en una gestión que le correspondió a la "misma persona" que en el cierre de la mina de Reocín.

  Y la diputada regionalista Rosa Valdés comparó la anulación del concurso del Ecoparque Besaya por "procedimientos administrativos" con el "fallo contundente" de la anulación del concurso para la sede de bomberos en el Ayuntamiento de Santander.

   "Pero claro es que esta causa afecta al Partido Popular, como le afecta el caso Gürtel, el asunto Bárcenas, Mercasantander y un largo etcétera de cuestiones sobre las que los populares tejen el manto del silencio. Si le tocan un pelo, un pelo a Mercasantander, al parque de bomberos, al alquiler del cine Los Ángeles o al ignoto LD, ahí no, ahí ni informan ni asumen ni reprueban ni dimiten. Ahí callan, manipulan y practican el rito a lo Houdini, es decir, desaparecen", sentenció Valdés.

DISCULPAS DE MAÑANES

   Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Fernández Mañanes, consideró que la situación de este proyecto es la del "cazador cazado", al quedar demostrado, a su juicio, que el Gobierno del PP presidido por Martínez Sieso actuó con "irresponsabilidad".

   Mañanes pidió disculpas por sus "desafortunadas" declaraciones suyas en las que afirmó que no se habían presentado recursos contra el concurso de selección de socio privado. "No debí decir lo que no sabía. Debí decir lo que sabía, que era que ninguna de las empresas presentó alegaciones. Dije algo más y me equivoque", expuso.

   Fueron unas disculpas que el consejero de Economía elogió, al defender que actitudes como esta "contribuyen a dignificar la política, algo de lo que no andamos sobrados". "Es un gesto que le honra, porque no es habitual", ensalzó.

   En cambio, para Albalá, confirman que Agudo mintió al hablar del proyecto. "Claro que usted no lo sabía, al igual que nosotros ignorábamos la existencia de tres recursos, uno en pasado y dos vigentes, usted también lo ignoraba", le dijo.