Bilingüismo pasivo

La exigencia prioritaria del conocimiento de otra lengua vernácula además del castellano para optar por ejercer una plaza de funcionario público no debe ser nunca un impedimento para acceder a esa plaza. De serlo “ a priori” estaríamos cercenando la posibilidad de movilidad por todo el territorio de la Nación española a un número considerable de funcionarios públicos. Un derecho que esta recogido en nuestra actual Constitución.

De las cuatro habilidades lingüísticas que se exigen para acreditar el conocimiento de una lengua,( entender, hablar, leer y escribir ) la mas fácil e inmediata es la comprensión oral . España tiene cuatro lenguas españolas,  castellano, son catalán, gallego, valenciano y vasco. Salvo esta última lengua, de origen desconocido, aglutinante y muy dificil , las otras tres, al ser lenguas románicas, derivadas del latín y muy cercanas al castellano son fácilmente “entendibles” después de un período suficiente de permanencia en regiones donde se utilice esa  lengua.

Pretender a priori que todo funcionario antes de acceder a la plaza solicitada en esas regiones demuestre una alta competencia en otra lengua vernácula es poner barreras lingüísticas que ningún Gobierno de España debería tolerar. Es distinto que para salvaguardar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de cualquier Comunidad autónoma hablante de una lengua vernácula  y puesto que es lengua cooficial en sus territorios, el funcionario de la administración, “entienda” a su administrado en la lengua que el administrado se dirija a él y no le obligue a un cambio de lengua. 

La mayoría de los funcionarios al cabo de unos meses “pueden entender” a su administrado, aunque “produzcan” en castellano. Así se oyen frecuentemente conversaciones entre funcionario y ciudadano cada uno en “su propia lengua” sin ningún problema. Mientras el funcionario “ se familiariza” con la lengua vernácula , la mayoría de los ciudadanos es tolerante con su inexperiencia e incluso le ayudan a la comprensión. Hay excepciones ¡claro esta¡ de personas que les insultan llamándoles “españolistas” “fascistas” etc., pero son excepciones, casos puntuales. Los ciudadanos son mucho mas tolerantes que los políticos.

Es la clase política la que ha empleado y sigue empleando la lengua vernácula, como arma política para conseguir sus fines. Pocas veces son los ciudadanos quienes protestan y cuando lo hacen son instigados por los políticos. Y son los políticos los que ejercen presiones lingüísticas con leyes absurdas como la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Balear que presenta una Proposición no de Ley apoyada por Bloc per Mallorca y PSM-Verds proponiendo al Gobierno que “garantice” que la Administración General del Estado pueda atender a los ciudadanos en lengua catalana.(ABC17/472008).

Pues esa garantía ya esta “garantizada” solamente con que haya buena voluntad y respeto al ciudadano, por parte de los politicos nacionalistas. Lo que ocurre es que bajo estas proposiciones hay intereses políticos, o laborales, que no lingüísticos y mucho menos intereses al mejor servicio del ciudadano.