A río revuelto

   Queda por saber si se ha conjurado el riesgo de convertirnos en el cuarto país intervenido en la UE. El abismo que se ha rozado este mes de agosto, con la prima de riesgo superando los cuatrocientos puntos,  ha hecho saltar todas las alarmas. Pero cada vez quedan menos recursos y soluciones que ofrecer a quienes ponen en duda la solvencia de la deuda española.

   El coste de tocar la Carta Magna ha tenido dos frentes, por un lado la contestación en la calle, respaldada por los grupos políticos minoritarios, con Llamazares a la cabeza, que reclaman un referéndum,  y por otro el encontronazo con los nacionalistas.

   El movimiento 15M exige participar con su voto en una consulta popular para que la Constitución pueda ser modificada e Izquierda Unida exige lo mismo.

   La negativa de PSOE y PP se justifica en el hecho de que la medida de fijar en la Constitución la estabilidad presupuestaria no puede dilatarse meses porque entonces su efecto de demostrar respeto al compromiso de reducción del déficit se perdería.

   No obstante, y aunque nadie lo menciona, hay también el temor de que la ciudadanía ansiosa de castigar al poder por los sufrimientos de la crisis económica vote no en el referéndum. Un fracaso de semejante porte supondría la desconfianza total de los inversores.

   Aunque los votantes del PP son muy disciplinados y su partido ha pactado la reforma, las ganas de castigar a Zapatero pueden llevar a muchísimos de ellos a votar en contra. El riesgo es evidente.

   En cuanto a los nacionalistas, a los que hay que reconocer que han sido ninguneados en esta iniciativa, han visto también la ocasión de pulsar la posibilidad de llevar a la reformas constitucional a su terreno. Así que, "a rió revuelto...", pretendían tanto PNV como CIU incluir modificaciones de mayor calado. Los vascos, incluso, han reclamado que el derecho a la autodeterminación se incluya en la reforma. Así, de la noche a la mañana y sin referéndum.

   Los catalanes ven en el nuevo artículo 135 una merma de poder de su parlamento y pretenden que los límites del déficit no se fijen por ley orgánica sino que sean competencia de cada Cámara autonómica. Se olvida de que es precisamente el déficit de los gobiernos autonómicos, incluido el suyo, el que despierta mayores recelos en la UE.

   Que los últimos quebrantos de la deuda española se deben a la confirmación de que gran parte de las CCAA han sido incapaces de controlar sus gastos frente a un Estado central que va cumpliendo, de momento, sus compromisos de recorte del déficit.

   Otra cosa son las formas. En eso la oposición, que en este caso extraordinario no es el PP, tiene razón.