Sánchez perfecciona el apuñalamiento a la democracia. Carlos Magdalena

La amnistía finalmente ha sido aprobada en el Congreso por obra y gracia  de Sánchez, suponiendo un desacierto histórico y una aberración jurídica indiscutible amén de una ilegalidad. Esa amnistía sólo ha sido redactada para que el señor Sánchez siga en la Moncloa por los siete votos, siete platos de lentejas, gracias a las prebendas, unas públicas y otras ocultas, que ha concedido al prófugo Puigdemont en busca y captura.

Todo esto lo hemos dicho muchas veces desde Cantabria Liberal y en prácticamente todos los medios de comunicación de España pero conviene volver a recordarlo porque hay que mantener la memoria histórica, y no solamente cuando conviene a algunos.
Sánchez ha traspasado el Rubicón muchas veces y toda la rayas rojas de una democracia con la aprobación per se de una ley que es antijurídica y aberrante como texto legal. Agrede totalmente la Constitución Española y para colmo ha sido redactada por los propios amnistiados. Quizá algunos medios, pocos, aquellos que son estómagos agradecidos, digan todo lo contrario pero visto con el prisma de  la mayoría de los ciudadanos, esta amnistía a la carta es romper con el principio de igualdad que proclama la Constitución Española. No entra en ninguna mente normal el llevarlo a cabo cuando son los propios amnistiados los que dicen que lo volverán a hacer y además ya lo están poniendo en marcha.

No queremos ser redundantes porque a la amnistía se le puede poner muchos epítetos pero la principal consecuencia es que cuando este régimen autócrata social comunista termine será el señor Sánchez el que tenga que acudir a los estrados del Tribunal Supremo para que diga ante todos los españoles y confirme por qué prevaricó (lo sabemos) y redactó, o mejor dicho permitió la redacción de una Ley de Amnistía contra los Principios Generales del Derecho y el sistema del Ordenamiento Jurídico de este país y de cualquier otro de la Europa occidental. Ante estas barrabasadas, y las que vendrán, procede de forma inmediata unas elecciones generales para preguntar a los ciudadanos, cosa que al parecer no quiere hacer, si validan los actos contra el imperio de la Ley y en todo caso sea llevado ante los tribunales para recuperar el Estado de Derecho.