Puigdemon y el 384 Bis. Germán Gorraiz Lopez- Analista

Antes del 15 de marzo del año 44 a.C., los idus eran considerados como días de buena suerte pero a partir del asesinato de Julio César, la expresión " guardarse de los idus de marzo" adquirió el significado de "advertencia ante una posible fatalidad que conviene sortear".

En el caso concreto de Puigdemont, la fatalidad sería la imposibilidad de presentarse como candidato a las Elecciones Europeas de Junio del 2024 al aplicarle el Tribunal Supremo el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal que supone la " inmediata inhabilitación para ostentar un cargo público a los procesados por un delito de terrorismo".

La Ley de Amnistía 

La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, quienes habrían preparado una trama judicial para retrasar in eternis la entrada en vigor de la Ley de Amnistía e imposibilitar que Puigdemont pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos( Operación Pinza).

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el "rodillo progresista" del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena, Llarena y García Castellón como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del "Clan de los indomables" como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado "clan de los políticos" en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido en "un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del anterior Gobierno de Sánchez.

Puigdemont acusado de Terrorismo

 La nueva estrella mediática del Tardofranquismo Judicial, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón habría imputado a Puigdemont y a Marta Rovira y al llamado «estado mayor del procés» por un presunto delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma "Tsunami Democrátic", acusándole de ser responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés.

Sin embargo, a pesar del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que sostiene que " no existe delito de terrorismo sino desórdenes públicos, por lo que la Audiencia Nacional no sería competente en este caso", el juez Castellón derivó el asunto al Tribunal Supremo quien se ha declarado competente en el caso y ha abierto una causa penal contra Puigdemont y Wagensberg por "delito de terrorismo en el caso Tsunami".

La otra pata de la Operación Pinza contra Puigdemont sería la reactivación por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre del ?caso Voloh? o trama rusa quién ha prorrogado 6 meses más la instrucción de dicho caso e insiste en el apoyo "económico y militar" de Rusia al expresidente catalán al que podría acusar de "un delito de traición".

Asimismo, en el supuesto de que dicha Ley de Amnistía fuera finalmente aprobada, los jueces tardofranquistas procederán a presentar una cuestión prejudicial al TJUE , lo que dilatará "in eternis" la aplicación práctica de dicha Ley e impedirá que Puigdemont sea de nuevo un ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

Dicho momento sería aprovechado por los subalternos del juez Marchena para aplicarle el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal que supone la " inmediata inhabilitación para ostentar un cargo público a los procesados por un delito de terrorismo", lo que impediría a Puigdemont presentarse como candidato a las Elecciones Europeas de Junio del 2024. En dicho supuesto, Puigdemont perdería su condición de Parlamentario y su inviolabilidad, momento en el entraría de nuevo en escena el juez Llarena para emitir una nueva Euro orden que facilite su detención, extradicion y posterior juicio, pues Puigdemont sería " la ballena blanca que Marchena y Llarena llevan años intentando apresar".

Germán Gorraiz Lopez- Analista