Las carpetas rojas del Zulo (IV), por el Dr. Alfonso Campuzano

     La siguiente pregunta que puede extraerse, una vez analizados el más de centenar de vídeos, es por qué la familia Royuela es la depositaria de tal magno fichero. La respuesta parece ser sencilla, partiendo de lo que podría denominarse providencial, según ella.

      Alberto, debido a su ideología, estaba siendo perseguido sistemáticamente por José María Mena Álvarez desde 1989, a base de ataques tipo pinchazos telefónicos ilegales; seguimientos; insistiendo hasta convencer, incluso comprar la voluntad de diferentes jueces para que la instrucción fuera desfavorable y ejecutara un fallo adverso, argumentando elementos sociales y máxima dureza (vídeo 20, vídeo 52, vídeo 53).

      Casualmente, se enteró por medio de un amigo, precisamente cuñado del ginecólogo doctor Morín, que su clínica, tras varias denuncias, iba a ser registrada en busca de pruebas sobre abortos practicados en mujeres con más de seis meses de gestación –más de dos mil, en cuatro años, cobrando una media de cinco mil euros–, lugar donde el fiscal Mena guardaba las carpetas (vídeo 37, vídeo 39).

        Al recibir la orden de traslado y quema de toda la documentación, le comentó que se lo compraba por ochenta mil euros, pero que para el traslado a Francia necesitaría un camión, no la trasera de su vehículo utilitario.

     Durante el análisis de los miles de papeles comprados descubrió cómo se había desarrollado el asesinato de su hijo, y hermano, Javier en 1993. Hay también un Libro de Presupuestos por encargo (vídeo 54), así como Libro de Contabilidad de acuerdos para eliminar físicamente a personas con pactos de compensaciones económicas para que no se removieran las causas de los fallecimientos (vídeo 59). Sin olvidar los acuerdos del ex biministro y ex alcalde Zaragoza, Juan Alberto Belloch Julbe, en asuntos muy turbios (vídeo 69), incluso con la actual ministro de Defensa, Margarita Robles, (vídeo 70), a fin de conseguir un enriquecimiento ilícito con el ingreso dinerario en depósitos bancarios en Holanda, Suiza (vídeo 79).

     Aunque los interrogantes se agolpan, una de las primeras conclusiones es que en los últimos cuarenta años parecen haber coexistido dos organizaciones encargadas de suprimir físicamente a seres humanos.

     Por un lado, visible para la sociedad, a través de los medios de comunicación, el grupo terrorista ETA, que asesinó, durante más de cincuenta años, a cerca de novecientas personas, dejando heridas a más de dos mil quinientas, entre civiles, políticos, jueces, ertzainas, policías, guardias civiles y militares, casi todas en tiempos constitucionales –casi un 50% sin resolver, que el Europarlamento se ha propuesto investigar hasta dar a conocer los nombres y apellidos de los asesinos, ya que diferentes gobiernos ineptocráticos de oscuros intereses no han sido capaces de sacar a la luz de las sombras–, siguiendo unas órdenes que se difuminaban en su estructura, aunque con palmeros sin cargos.

     Por otro lado, el aparecido "Expediente Royuela", invisible para la sociedad, casi virtual, donde se leen casi novecientos asesinatos excelentemente documentados, mientras que el resto, hasta 1.136, fueron descubiertos por María Eugenia Alegret Burgués, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ordenados por un fiscal, según encargo, y acuerdo económico complementario.

     ¿Es casualidad o causalidad que una persona acosada por su ideología política –Alberto Royuela Fernández– tenga la providencia de conseguir hacerse con el megaarchivo escondido en un zulo de la clínica abortista del doctor Morín cuando iba a ser destruido, del que se desprenden, una vez analizado, miles de respuestas desconocidas para la sociedad española ante la desvelada trama que se fue desarrollando en unas instituciones estatales con intención de hacer daño?

     La censura, que tanto se reprochaba en los tiempos preconstitucionales, ha vuelto a aparecer con signo ideológico contrario, no es que se fuera, sino que estaba agazapada en plan de salto para hincar el diente en tiempos constitucionales. No es de extrañar que el enlace con la página de destino esté borrada o bloqueada, tanto momentánea como definitivamente, es decir, no funciona por el motivo que sea, porque es más fácil hacerlo desaparecer que entablar una querella contra la familia Royuela, tesorera de los manuscritos originales fuera de España.

     Si en una ocasión la compra del extraordinario archivo fue providencial es posible que a la tercera intentona judicial –las querellas anteriores, presentadas en 2006 y 2009, fueron respondidas con silencio administrativo–, actualmente en marcha, cuya presentación se espera para dentro de unas semanas, surta efecto.