Las carpetas rojas del zulo (II), por el Dr. Alfonso Campuzano

   Era el encargo, durante un cierto tiempo, de una estrecha vigilancia de su vida, tanto íntima como laboral, para conocer sus movimientos de cuentas corrientes bancarias, sus opciones sexuales, si tenían amantes, si consumían drogas, además de otros hábitos ocultos, cuyos informes archivaba en la correspondiente carpeta roja e individual (vídeo 99, vídeo 107).

   La táctica que utilizaba para amañar acuerdos sobre sentencias judiciales, incluso en las más altas magistraturas –más de ocho mil, en los que posiblemente perdieron los inocentes– basándose en el puro y duro chantaje, gracias al conocimiento exhaustivo derivado de la averiguación de datos personales profundos de jueces y magistrados, que incluían escuchas telefónicas, con la perversa intención de que prevaricaran, según su antojo, con veredictos al gusto, mediante el correspondiente soborno en metálico. Un ejemplo flagrante es la carta que envió el Fiscal General del Estado al presidente del Gobierno, manifestando que no sería imputado en el Caso GAL a cambio de compensar tres veces el valor en metálico de lo anteriormente acordado (vídeo 70 censurado, vídeo 75, vídeo 76, vídeo 79).

   Para todo ello utilizaba a personas infiltradas que conseguían comunicaciones y averiguaciones bilaterales con varios tentáculos, que implicaban a policías y guardias civiles medrosos, quisieran o no. Una maquinación que llegaba hasta traficar con droga, que conservaba en neveras de ciertos almacenes, lo que producía pingües beneficios a repartir.

   También, en dicho archivo, se encuentran los envíos manuscritos de anónimos de descrédito a todos los círculos personales de trabajo y ocio, que versaban acerca de relaciones sexuales entre hermanos, hijos y demás familia del fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, diciéndole que el autor de dichos anónimos era Alberto Royuela.

   El procedimiento aplicado en cometer delitos económicos, con enriquecimiento ilícito, como la evasión de  capitales hacia paraísos fiscales, ingresando dinero en dólares estadounidenses con la numeración de los depósitos bancarios pertenecientes a fiscales, forenses, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, políticos, en México, Galicia, Venezuela con enlace censurado, México, Panamá, Canadá (vídeo 59, vídeo 69, vídeo 108, vídeo 109, vídeo 110, vídeo 119, vídeo 134), cuyas cuentas opacas fueron denunciadas ante la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) sin que ningún cargo, bajo o alto, se diera por aludido. 

   Ante la inaceptación de las denuncias –con acuse de recibo–, efectuadas en más de mil juzgados españoles, la familia Royuela decidió presentar dos querellas criminales en Barcelona –2006 y 2009–, que se archivaron, sin más. Así que decidieron probar suerte con la filmación de vídeos personales que actualmente están exhibiendo el tesoro que deseaban difundir sin que nadie quiera rescatarlo.

   El camino recorrido no ha sido el esperado porque tanto la prensa oficial como los partidos políticos del arco parlamentario del Congreso no se atreven a hacerse eco de una realidad ya contrastada, aunque admitida, porque el entramado institucional jurídico derivado de la Constitución de 1978 habría que rehabilitarlo de principio a fin.