Las carpetas rojas del zulo (III), por el Dr. Alfonso Campuzano

      La respuesta más inmediata es que hay familias –un 35% de la totalidad– que encargaron asesinatos por intereses ocultos y, de paso, cobrar herencias, siendo posible que no deseen que sus nombres sean propalados.

   Asimismo, y que nadie se asuste, surge el pringue de personajes importantes del partido político P.S.O.E. –con un 60% de órdenes–, que muy probablemente no quieran que se airee este tipo de reputación tan vil, ya que debería ser ilegalizado y, como mucho, refundado.

   Por último, en el epígrafe otros–un 5% de requerimientos–, que presumiblemente se opongan porque, entre ellos, figuran varios bufetes de abogados importantes (vídeo 22, vídeo 25, vídeo 26, vídeo 31, vídeo 33, vídeo 34, vídeo 36, vídeo 37, vídeo 38, vídeo 48, vídeo 60, vídeo 61, vídeo 62, vídeo 63, vídeo 64, vídeo 65, vídeo 66, vídeo 67, vídeo 75, vídeo 76, vídeo 81).

    Una base de datos confeccionada por el ex fiscal José María Mena Álvarez –sus papeles– y nunca por Alberto Royuela como han pretendido malpensantes.

   Es tan fuerte el muro de contención español que va a ser muy difícil el esclarecimiento de una realidad cada día más conocida, por no decir imposible, que algún jurisconsulto se atreva a instruirla, y tendrá que ser probablemente un tribunal europeo, o incluso estadounidense –el narcotráfico y sus ganancias también se mencionan en el expediente–, quien ponga la situación en el sitio que le corresponde (vídeo 32, vídeo 47, vídeo 49, vídeo 53, vídeo 72).

   Lo más extraño de todo es que, en un principio, la cúpula del entramado facineroso descrito, estaba representada por el jurista Carlos Jiménez Villarejo –con cargo de Fiscal Anticorrupción en Barcelona, perteneciente al partido político podemita–, hasta que cedió su papel de protagonista a José María Mena Álvarez –con cargo de Fiscal Jefe de Cataluña–, autor de los papeles manuscritos que atesora la familia Royuela, además de persona muy influyente en la Logia Masónica española y uruguaya, con el grado vigesimoséptimo (vídeo 24, vídeo 27, vídeo 68).

   Una de sus ocurrencias absolutistas fue ordenar que ingresaran cientos de magistrados en su sociedad secreta, que incluían la relación de seis asociaciones de jueces, prometiendo dinero y poder, además de jurar amargar la vida a quienes se negaran (vídeo 41, vídeo 85).

   Ambos personajes, tanto Jiménez Villarejo como Mena Álvarez, se podrían calificar de presuntos sociópatas, de mente esquizoide, a la espera de que su legado pueda ser analizado por un psiquiatra (vídeo 23, vídeo 28, vídeo 35, vídeo 46, vídeo 50, vídeo 52; vídeo 57, vídeo 58, vídeo 59, vídeo 79).

    Si el método aplicado no iba acorde con lo planeado se organizaba un acoso brutal hasta que cedía en el empeño y se producía el silencio perseguido. También están descritos chantajes a personas –seglares, sacerdotes, obispos, arzobispos– vinculadas a la Iglesia católica, a congregaciones, a diócesis, a Cáritas, al Partido Familia y Vida (vídeo 40).

  Los peones del sicariado, compuesto por cerca de una treintena de delincuentes –desconocidos entre sí–, fueron eliminados físicamente en la “Operación Chumi” antes de abandonar el cargo de fiscal con motivo de su jubilación, (vídeo 29, vídeo 30, vídeo 42 bis).