Mañana entra en vigor la ley que devuelve un `moscoso` a los funcionarios y suprime el Consejo de la Juventud

   De este modo, el Consejo de la Juventud de España así como sus empleados públicos se integrarán desde mañana en el Instituto de la Juventud (Injuve) y, según alega el Gobierno, con esta medida se acabará con la duplicidad en materia de juventud. Además, señala que se generará un "ahorro" económico y presupuestario y un "adelgazamiento" de la administración "sin que se vea mermada la presencia y representación del asociacionismo juvenil".

   Durante su tramitación, el PP introdujo en la norma otras cuestiones como la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, la de la Ley de la Carrera Militar para que el personal del Ejército pueda desempeñar puestos en la Administración Civil y la de la ley del sector ferroviario, o la inclusión de una directiva europea para garantizar que los edificios de la Administración Central tengan un alto rendimiento energético.

   Por otro lado, la ley faculta al Tribunal de Cuentas a abrir oficinas territoriales allí donde no existan organismos similares de nivel autonómico --teniendo en cuenta que Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia no tienen y Castilla-La Mancha está a punto de cerrarla--.

   Además, este organismo tendrá que ser consultado antes de la aprobación norma que afecte a su régimen jurídico o al ejercicio de sus funciones, igual que sucede con otros órganos constitucionales.

  ALIGERAR EL PESO DE LA ADMINISTRACIÓN

   El proyecto de ley persigue la supresión e integración de organismos de la administración, para aligerar su peso, y también servirá para simplificar trámites administrativos, de forma que prevé por ejemplo que haya una única licencia deportiva para todo el país o que el BOE sea el lugar en el que los ciudadanos consulten cualquier notificación pública que les afecte, como tablón edictal único de todo el Estado, no sólo de la Administración General del Estado.

   También se ha introducido una modificación para que los españoles que hayan cursado sus estudios fuera de España deban pagar a partir de este jueves una nueva tasa de 160 euros para solicitar la homologación de sus titulaciones a las españolas de Grado o Máster, el doble de lo que se pide para los títulos de Licenciado, Ingeniero superior o Arquitecto.

   Además, ley introduce cambios para adecuar las estructuras de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad Social; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que utilicen menos entidades y organismos colegiados para sus funciones de observación, análisis, evaluación, e impulso de la cooperación con las comunidades autónomas.

   En el ámbito del Ministerio de Defensa, se integra el Servicio Militar de Construcciones (SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Igualmente, se integran en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas el Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Instituto Tecnológico La Marañosa y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército General Marvá.

   En el de Exteriores, se actualiza la ley de creación de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, que data de 1940, para dotarla de un nuevo estatuto.

   Por otro lado, prosigue la integración de la Sociedad Estatal España Expansión Exterior en el ICEX, se suprime el organismo "Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla, que data de 1938.

  PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

   Además, en virtud de la nueva ley, el Ejecutivo deberá publicar en un portal de Internet el nombre de las personas o entidades beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas que hayan sido concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculantes o dependientes a partir del año 2014. También deberá publicar "el nombre y apellidos o la denominación o razón social" de los infractores.

   De este modo, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) "operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones" y "servirá de medio electrónico" para dar cumplimiento a obligaciones de transparencia contempladas en la ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013.

   En concreto, se recoge que la BDNS dará publicidad a estas prestaciones "con indicación de la convocatoria, beneficiario e importe concedido" a no ser que ofrecer los datos del beneficiario sea "contrario al respeto y salvaguarda del honor, intimidad personal o familiar" y "a la propia imagen". Además, esta base de datos "podrá suministrar información pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves".