Advierten al alcalde de Carboneras con una querella si no anula la revisión de licencia del Algarrobico

Así consta en el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo municipal que se aprobó el pasado 7 de julio por ocho miembros del Pleno a fin de cumplir con el mandato del TSJA para cumplir que la sentencia que obliga a revisar la licencia de obras concedida a la promotora Azata del Sol en enero de 2003 --con Cristóbal Fernández como alcalde--, ya que la misma contenía vicios de nulidad.

El texto, consultado por Europa Press, hace referencia al Pleno celebrado el 17 de junio --previo al de la anulación de la licencia-- en el que cinco concejales del PSOE y dos no adscritos aprobaron posponer la decisión hasta que se incorporaran nuevos informes que calcularan el impacto económico de la medida; una decisión que motivó la apertura de expedientes de expulsión a los socialistas.

Cabe recordar, al respecto, que la Fiscalía de Almería abrió diligencias de investigación tras la denuncia de Salvemos Mojácar para determinar si los siete concejales que acordaron en ese Pleno posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico bajo la petición de esos nuevos informes incurrieron en un delito de prevaricación administrativa.

Desde la asociación de Cristóbal Fernández han incidido en que en el Pleno posterior del 7 de julio, que fue convocado a instancias del TSJA puesto que ordenó repetir la sesión, se aprobó la revisión de la licencia de obras "sin que consten incorporados los informes" que la mayoría de los miembros de la corporación pidieron en la anterior sesión.

Para la entidad que lidera Cristóbal Fernández, el alcalde "impulsó deliberadamente la nueva votación sin darle previa ejecución" a los acuerdos del Pleno anterior, "extremo cuya constancia formal se interesa también a efectos del eventual ejercicio de acciones penales".

El acuerdo supuso declarar de facto la ilegalidad de la licencia, si bien prevé deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordó así "determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente" qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

Frente a esta postura, que fue avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) en su dictamen, la asociación se alinea con el concejal no adscrito Felipe Cayuela así como el portavoz y concejal expulsado del PSOE, José Luis Amérigo --ambos exalcaldes de Carboneras-- a la hora de reclamar, previa aprobación del acuerdo, un informe económico-financiero, otro jurídico sobre posibles responsabilidades de las administraciones y un tercero técnico, sobre las consecuencias urbanísticas o medioambientales.

"La asociación no sostiene que los informes pudieran neutralizar o demorar indebidamente una resolución judicial. Sostiene que el Ayuntamiento debía compatibilizar su cumplimiento con la ejecución del acuerdo plenario de 17 de junio: obtener con urgencia los informes dentro del plazo judicial, recabar asistencia de otras Administraciones --incluida, en su caso, la Diputación Provincial-- o motivar de manera concreta la imposibilidad jurídica o material de incorporarlos", mantiene en su escrito.